Los agricultores y los ganaderos de Cádiz se sumarán a la oleada de protestas contra un sistema que «se ceba» con ellos

Unidad de acción y calle. Esto es lo que han decidido los agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz. «No pueden más» y están «cansados» de sufrir las consecuencias en crudo de «un sistema que se ceba siempre con el eslabón más débil de la cadena», según resumieron ayer a LA RAZÓN fuentes de ese colectivo. El campo ha explotado y, en el contexto de las acciones que se arman en toda España desde el pasado 28 de enero, Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias gaditanas han convocado una jornada de protesta que arrancará a las 11:00 horas del próximo 18 de febrero en el municipio de Villamartín. Pararán y lo harán para participar en una concentración, una tractorada y cortes en la carretera A-384 que une Arcos con Antequera, a la altura de la rotonda de entrada a Villamartín. El objetivo de esas actuaciones es denunciar «la grave situación de falta de rentabilidad» que atraviesan sus explotaciones y «el hartazgo ante los ataques» que, aseguran, están recibiendo tanto los agricultores como los ganaderos. El escenario que describen para soportar sus quejas es el siguiente: los bajos precios en origen afectan a cada vez más cultivos, los costes de producción se han disparado, un apartado en el que hay que incluir ahora la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno central de Pedro Sánchez; la renta agraria ha caído un 9 por ciento; y están surgiendo «dificultades para exportar» debido a «los aranceles americanos, el ‘Brexit’ –salida del Reino Unido de la Unión Europea– o el veto ruso». A ese dibujo se suma que en el sector se ha inyectado el temor a que «se recorten las ayudas comunitarias» desde Bruselas, donde se negociará la nueva Política Agrícola Común (PAC).

Las entidades convocantes reclaman «medidas de apoyo que vengan a paliar los graves perjuicios» que dicen estar «sufriendo». Buscan que las administraciones competentes «tomen conciencia de la gravedad del problema» y pongan en marcha «verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico» de la economía que contribuye «al mantenimiento del medio rural».