«No se justifica que mantengan en secreto un simple plan de limpieza como el de Palomares»

Fue en enero de 1966 cuando un bombardero B-52G estadounidense protagonizó un accidente nuclear que contaminó de plutonio los suelos de Palomares, en Almería. Estados Unidos y España armaron entonces una operación de limpieza incrustada en la oscuridad primero durante la dictadura franquista y luego durante más de cuarenta años de democracia. Pero ahora, la Audiencia Nacional ha instado al Consejo de Ministros, vía auto fechado el pasado 3 de febrero, a llevar a cabo «la desclasificación del Plan de Rehabilitación de Palomares» aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 5 de mayo de 2010» y a remitírselo «con las indicaciones que sean procedentes en relación a la confidencialidad de su contenido».

El alto tribunal solicita además al Gobierno central que dirige el socialista Pedro Sánchez que le informe «del tiempo estimado para la finalización de dicho informe» y que aporte «cuanta documentación se haya elaborado a partir de la fecha indicada», según consta en la resolución judicial consultada por LA RAZÓN y a la que se ha llegado gracias a una demanda interpuesta por la Federación Provincial de Ecologistas en Acción-Almería.

El auto se ha hecho público un día después de conocerse un informe de la Comisión Europea en el que se urgía a España a limpiar el plutonio 54 años después de que las bombas termonucleares que cayeron sobre Palomares pusieran en el mapa a ese área almeriense y de que la misión de verificación que visitó la zona constatara el incumplimiento de la recomendación de sanearla.

Para el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, la resolución judicial es «muy positiva» en esencia por dos motivos: «En primer lugar porque es una crítica a la ley de secretos oficiales» y, a su juicio, demuestra que «no se justifica que lo mantengan» en el caso de «un simple plan de limpieza» como el de Palomares, que «no afecta a la defensa nacional ni a la seguridad», pero sí a «la salud de los ciudadanos y al medio ambiente». En segundo término cree que la decisión de la Audiencia Nacional es «importante» al constituir, a su entender, «el punto de salida para ya finalizar el problema», si el tribunal nacional dicta llegado el momento y «como todo parece apuntar», una sentencia que «deje claro que hay que limpiar» los alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierras depositadas en varias parcelas de la pedanía de Cuevas de Almanzora. En ese caso, «el Gobierno no tendrá más remedio que obedecer el mandato de la Justicia», concluye el letrado.

Más datos

∇ Uno de los magistrados emitió un voto particular al discrepar, entre otras cuestiones, con «la fundamentación de la decisión» y «con la limitación del alcance de la desclasificación».

∇ Tampoco compartía que el tribunal se limitara a pedir «la desclasificación de la documentación, sin acompañarla de una exposición razonada», en la que pretendía explicar los argumentos por los que entendía que «mantener la clasificación es contrario al ordenamiento jurídico».