Dos ex consejeros de la Junta que enmudecieron sobre la Faffe acaban denunciados

Fue el pasado 8 de noviembre cuando los ex consejeros y actuales diputados andaluces Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero decidieron encarar su citación en la comisión parlamentaria de investigación que disecciona la gestión de la extinta fundación Faffe desde cierta posición de excentricidad. Ahora la Fiscalía Superior de Andalucía los ha denunciado ante el Alto Tribunal de la comunidad (TSJA), al estar aforados gracias a sus actas, por negarse aquel día a contestar al rosario de cuestiones que los parlamentarios autonómicos habían preparado para formularles, como también hicieran en primer lugar el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y otro ex consejero socialista, José Sánchez Maldonado.

Tras agarrarse todos al silencio, la Presidencia del Parlamento regional que ostenta Marta Bosquet (Cs) optó por elevar a la Fiscalía lo sucedido con los cuatro y con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, quien también fue convocada al órgano de investigación de la Cámara, aunque en su caso ni acudió. La Fiscalía Superior acusa a Ramírez de Arellano y a Carnero de un delito contra las instituciones del Estado, penado con una condena que podría oscilar desde los seis meses a los dos años de inhabilitación. El Ministerio Público considera, y así se lo ha trasladado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, que pudieron haber cometido un presunto delito del artículo 502.1 del Código Penal «al negarse a declarar y a responder a las preguntas que pudieran formularles los representantes de los grupos parlamentarios» en el seno de la mencionada comisión.

Tampoco compareció el ex consejero de Empleo Manuel Recio, quien fue llamado a finales del mismo noviembre, pero en su caso alegó que existe una causa judicial abierta que orbita sobre la Faffe en la que podría ser llamado a declarar y colisionar con lo que dijera en la Cámara, mientras que Chaves y el resto de ex consejeros se agarraron en esencia a argumentos de carácter político y a la proximidad de sus citaciones con las elecciones generales que se celebraron el 10 de noviembre.

Recio, de momento, no ha sido denunciado. Chaves y Sánchez Maldonado no están aforados, por lo que la Fiscalía Superior se ha inhibido y ha enviado la denuncia a la Fiscalía Provincial de Sevilla, quien, a su vez, la remitirá al juzgado de Instrucción número 12, que ha abierto diligencias por otra denuncia presentada por Vox contra el ex máximo dirigente del Ejecutivo autonómico sobre los mismos hechos, si bien, ese partido apuntó a un presunto delito de desobediencia. Por lo que respecta a la ausencia de Montero, el Ministerio Público la liberó del asunto al entender que las autoridades de la Administración del Estado «no tienen obligación de comparecer ante las comisiones de investigación creadas por los parlamentos autonómicos».

Desde la comisión de investigación también se ha intentado convocar de forma martilleante a los ex presidentes Susana Díaz y José Antonio Griñán, quienes no recibieron la citación en sus domicilios y volverán a ser llamados.

La Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, nació en 2003, bajo el mandato de Chaves, y se disolvió en 2011 para ser absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Llegó a acumular gastos sin justificar por 55,6 millones, según la Cámara de Cuentas, y sus tarjetas pagaron gastos en clubs de alterne.