Un juzgado investiga las más de 30 contrataciones «a dedo» del PSOE denunciadas por el PP en un municipio de Jaén

Decidieron seguir la pulsión de actuar y el coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras, y la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de La Carolina, Elvira Muriana, presentaron una denuncia en los juzgados para que se investigara la legalidad de los procesos de contratación de más de una treintena «de familiares de dirigentes del PSOE carolinense», como ya informó LA RAZÓN. Los populares sostenían que se había puesto en marcha en la localidad «un mecanismo absolutamente arbitrario e injusto para emplear» en el consistorio a «muchos de sus familiares sin seguir procedimiento público alguno para la contratación, en unos casos»; o «bajo la apariencia» de uno reglado –«bolsas de empleo»–, que se «incumplió» y «cuya finalidad no era otra que la de dar apariencia de legalidad a lo que se ha revelado una auténtica arbitrariedad».

La alcaldesa del municipio, Yolanda Reche, reaccionó y aseveró a través de un comunicado que pondría a disposición de la Justicia «todos los contratos» realizados por el consistorio desde 2009 y que su equipo no tenía «nada que temer» al ajustarse a derecho sus contrataciones. Ahora un juzgado, el de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina, ha abierto diligencias para analizar lo denunciado por los populares y en una providencia, a la que ha accedido este diario, su titular ha citado a seis personas como testigos el próximo 4 de mayo entre las 10:15 y las 11:30 horas. A eso se añade que a cuatro de ellos, B. P. P., L. N. S., M. C. M. A. y J. F. R, el órgano judicial les requiere que aporten «copia de todos los contratos de trabajo celebrados con el ayuntamiento» desde 2015 hasta la actualidad. En la providencia desgranada se hace referencia a otra previa en la que ya se había acordado una iniciativa vinculada a los otros dos y se avisa de que, una vez se practiquen una serie de «diligencias instructoras» ya puestas encima de la mesa, se decidirá «sobre la pertinencia y admisión» de otros testigos que se han propuesto en el ámbito de este proceso judicial.

El PP apuntó en su disparo a la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa, al resultar «evidente» la «omisión absoluta del proceder administrativo en la contratación pública», aunque no descartó que se hayan podido cometer otros «como la falsedad documental en el caso de contrataciones tras la elaboración de bolsas de empleo manipuladas».