La Fiscalía insiste en que el petaqueo sea delito

El delito, en ocasiones, va por delante de la ley. El narco se adapta al medio: el plan antidroga ha limitado la actividad en la Comarca del Campo del Gibraltar pero, como una hidra de mil cabezas, los clanes han expandido el tránsito de sustancias por diferentes zonas, haciendo del Guadalquivir una autopista para la droga. En Jerez, jurisdicción a la que pertenece Sanlúcar, se han incrementado exponencialmente los asuntos. Antes necesitaban menos combustible, ahora deben llegar más lejos para escapar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, el «petaqueo» se ha convertido en una problemática de primer orden. La Fiscal Especial Antidroga en Cádiz, Ana Villagómez, insiste en que la Fiscalía lleva «tres o cuatro años» pidiendo en su Memoria una tipificación del ‘petaqueo’ como delito porque «está en aumento y es un peligro», pero no se ha conseguido «todavía». La introducción de cocaína «está en un incremento constante»: «a través de las narcolanchas de las mismas organizaciones que se dedican al tráfico de hachís se ha pasado un escalón más», dijo en declaraciones a Canal Sur Radio.

El hachís sigue siendo la principal droga con la que se trafica en Cádiz y toda la costa de Andalucía. Marruecos es uno de los principales países productores de esta droga. «Somos un país de tránsito, el hachís viene de Marruecos y tiene que llegar aquí donde ya se distribuye, pero también es cierto que la cocaína está en un incremento constante», dijo.

Se dan casos puntuales y se buscan resquicios para las condenas: la Audiencia de Almería ha condenado a cuatro petaqueros que colisionaron accidentalmente con una patrullera de la Guardia Civil al intentar huir durante una persecución en la que llegaron a arrojar al mar hasta 92 garrafas con un total de 2.300 litros de combustible en una zona protegida, incluida en la Red Natura 2000. La sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe apelación, impone a cada uno de los acusados una pena de cuatro años y nueve meses de prisión: tres años por un delito de contrabando y un año y nueve meses por otro de riesgo catastrófico, al darse un «transporte inadecuado» de las garrafas de gasolina que se tiraron al agua «en una zona de especial protección», lo que a la larga podría derivar en una alteración del ecosistema marino. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, aseguró que la prioridad del Ejecutivo «sigue siendo la lucha constante contra las mafias» que organizan las travesías en patera y contra la «logística que apoya a estas mafias», con especial atención al denominado «petaqueo».

La fiscal Villagómez señaló que el «petaqueo» «es una actividad auxiliar pero necesaria, porque si no hubiese gasolina no funcionarían las narcolanchas». Desde que en 2018 se consideró que estas narcolanchas son género prohibido no se acercan a las costas porque pueden ser intervenidas y se enfrentan a un delito, pero «la actividad de ‘petaqueo’ todavía no se ha conseguido que se considere como delictiva completamente». Se está todavía con asuntos que no han llegado a juicio y «hay discrepancias, criterios jurídicos enfrentados entre los propios magistrados de Cádiz, que tenemos ya por lo menos 50 asuntos de ‘petaqueo’». «Esta es la brecha, nosotros pedimos una tipificación de este delito que no hemos conseguido todavía», aunque «llevamos ya tres o cuatro años en las memorias solicitando porque vemos que esto cada vez está en aumento y es un peligro», manifestó.

Villagómez indicó que hace poco se vio un caso que llevaban una embarcación con 2.000 litros pero que cargaba la embarcación en una gasolinera de la ciudad de Cádiz, la transportaban hasta otra zona por toda la ciudad de Cádiz y, «no ha pasado nada de milagro». «Esto es un peligro evidente y son organizaciones al servicio de otras, porque se ve que son personas que tienen una infraestructura necesaria, una infraestructura cada vez más sofisticada», manifestó. En cuanto a la violencia usada por los narcotraficantes, la fiscal recordó que «este fenómeno es muy amplio, toda la costa es lugar de descargas y ellos utilizan todos los medios necesarios, incluso la violencia, para conseguir que la carga no sea interceptada». «Es frecuente el uso de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando intentan detenerlos», censuró. La fiscal apuntó a la desigualdad existente entre los medios que se utilizan para delinquir y los medios que se utilizan para combatir ese narcotráfico: los medios policiales «tienen problemas, evidentemente». Así «se vio» en el caso de Barbate, con dos guardias civiles muertos y con los narcos que «hacen un pulso al Estado porque en ese momento lo que estaban eran como riéndose de la falta de medios que tenían, viendo que esa embarcación era muy pequeña y ellos, en cambio, tenían unas cuantas narcolanchas». «Fue como un desafío, como diciendo nosotros somos mejores, podemos con vosotros», censuró.

Además de por los puertos, como el de Algeciras, «también se ha iniciado, y ya es también común, la introducción a través de las narcolanchas por las mismas organizaciones que se dedican al tráfico de hachís, que han pasado un escalón más y están trayendo cocaína también en narcolanchas». «Las organizaciones intentan buscar los huecos que piensan que es más fácil para introducir la droga y cuando se hace hincapié en una zona, pues buscan otras». «En España, por ejemplo, la entrada de cocaína con mayor intensidad se debe a la seguridad que han puesto puertos de Europa como Amberes, Róterdam, que han incrementado su seguridad y, por tanto, parece que está más difícil», expuso la fiscal. «Ahora, en lugar de mandarlo todo por contenedores, también lo mandan por barcos cargueros que llegan al Atlántico y allí recogen la droga las narcolanchas», añadió la fiscal.