Un temporero africano demanda a las administraciones por confinarlo “en una chabola sin servicios” básicos

Un temporero africano, que reside en un asentamiento chabolista de Lepe (Huelva), ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para la protección de sus derechos fundamentales frente al Ayuntamiento de Lepe, Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Defensa.

Alega que la orden de confinamiento en las chabolas sin acceso al agua ni a los suministros básicos supone “una vulneración el derecho al agua y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humano de la ONU”.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra la vía de hecho, adoptada por las administraciones demandadas y a raíz del hecho acaecido el jueves 19 de marzo de 2020, consistente en la orden de confinamiento dada por la Unidad Militar de Emergencia (UME) al demandante.

Dicha orden ha conllevado el confinamiento del demandante en un asentamiento chabolista "sin posibilidad de acceso al agua, ni a sistema alguno de depuración de residuos, y además confinado en la chabola que le sirve temporalmente de domicilio".

Asimismo, indica que "desde hace varios años tanto las autoridades del Ayuntamiento como las administraciones codemandadas, saben de la existencia de la dramática situación en la que viven las personas, así como también conocen que muchas de estas personas son trabajadores temporeros de las empresas agrícolas del municipio".

De este modo, señala que se han dirigido numeroso escritos por parte de entidades sociales a las administraciones competentes para que tomaran medidas urgentes para dotar de suministro de agua a estos asentamientos chabolistas "sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida". Este incumplimiento de sus competencias por parte las administraciones supone "un grave riesgo de contagio del covid-19 tanto para las personas que habitan estos campamentos como para el resto de la población del municipio".

Igualmente, recuerdan en la demanda que esta persona "está viviendo sin esos servicios esenciales, y las administraciones públicas codemandadas no se los ofrecen, sin que exista impedimento alguno para ello".

“El actual estado de alarma no hace más que agravar la situación, llevando a un extremo tal que se consideran violados sus derechos puesto que los codemandados los están lesionando”, han indicado en la demanda, antes de remarcar que las administraciones “están causando un grave perjuicio al recurrente”, criticando “la inactividad” de las administraciones.