Emerita insiste en que se “premió” a investigados en el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La representación procesal de Emerita Resources, una de las empresas que aspiraba a reabrir la mina sevillana se Aznalcóllar, pero que perdió el concurso a través del que la Junta se la adjudicó a la alianza empresarial de Grupo México y Minorbis, no se rinde. Después de que el juzgado instructor del caso, el número 3 de Sevilla, le comunicara, vía providencia, que concedía a las partes un plazo de 10 días para presentar alegaciones “a la vista de las diligencias practicadas”, ha armado un escrito en el que reitera su visión de lo sucedido y pide que se realicen nuevos movimientos, antes de dar por cerrada la causa.

Para arrancar, la defensa de Emerita solicita que se “recabe por parte de la UCO -la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- el expediente administrativo, debidamente foliado y numerado, de la asignación” de una serie de puestos de trabajo, “con expresa mención del modo” en el que se produjeron los nombramientos, si “se le dio publicidad”, si “otras personas optaron al mismo” y "la justificación de su elección”. Reclama, entre otras cuestiones, que se entre en una serie de detalles como “la razón por la que el puesto estaba vacante” cuando algún investigado en el “caso Aznalcóllar” “optó al mismo”, si “se respetaron en su convocatoria y en la elección, los principios de mérito y capacidad del artículo 103 de la Constitución”; o en que se clarifique “la constitución de forma válida de la comisión o tribunal, con sus correspondientes miembros”, que lo designó, si fue el caso. Lo hace porque sigue entendiendo que, de lo actuado hasta el momento, “se desprende” que algunos de los encausados, sobre todo “los que estaban ya en una posición de mayor relevancia política”, fueron “premiados” mediante “ascensos” en “la época del concurso”, o bien “fueron colocados convenientemente en un puesto que los hacía participar en la toma de decisiones de dicha licitación”, según se asevera en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En el texto procesal se alude, entre otros, a Vicente Cecilio Fernández, para señalar que “fue ascendido a interventor general de la Junta de Andalucía, meteórico premio que no puede esconderse, y posteriormente a presidente de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-”. O a María José Asensio, quien “fue ascendida a secretaria general de Industria, Energía y Minas y posteriormente elevada al cargo político de viceconsejera”.

Además, Emerita demanda que “se informe por parte de la UCO” de “si los investigados han recibido algún tipo de gratificación o prebenda externa a la Administración de la Junta de Andalucía, no sólo estipendios en metálico, sino, por ejemplo, la contratación para dar cursos (o cualquier otro tipo de beneficio, contrato o ayuda) desde entidades afines o con relación con la Administración, con Minorbis, con Magtel, con el Grupo México o similares”

Y hay más. Pretende que se averigüe si existieron “beneficios indirectos, a través de familiares o entidades interpuestas” y solicita que tras la práctica de todas esas nuevas diligencias que plantea, se les vuelva a dar un plazo para la presentación del escrito de acusación y la consecuente apertura de juicio oral.