El embrollo judicial del ex presidente de Invercaria se complica: lo procesan por un préstamo de 103.000 euros

La realidad judicial del ex presidente de la sociedad de la Junta Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo es compleja. La Audiencia de Sevilla ya lo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por malversación y prevaricación en una de las causas en las que se ha desgajado el “macroproceso” que desovilla la gestión de la mencionada entidad pública, tiene pendiente más de una decena por otras tantas piezas y ahora el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla lo ha procesado por otra.

Se trata del bloque en el que se investiga un préstamo de 103.000 euros que Invercaria concedió en 2009 a la empresa Badennova para realizar badenes que resultaron defectuosos. En un auto, fechado el pasado 22 de mayo y facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado acuerda seguir las actuaciones contra Pérez-Sauquillo y el que fuera administrador de la sociedad beneficiaria por los trámites del procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación en concurso ideal medial con un delito de malversación.

El instructor, Juan Gutiérrez Casillas, sostiene que, de lo instruido se desprende que Badennova se constituyó el 8 de mayo de 2009 con domicilio social en Málaga y un capital social inicial de 1.141.168 euros. Unos meses después, en concreto el 18 de diciembre de ese mismo año, Invercaria le otorgó un préstamo participativo que ascendía a 103.000 euros, que la mercantil pidió a partir de un plan de negocios de 42 páginas datado en abril de aquel ejercicio “sin determinación del suscriptor del mismo”.

De acuerdo al relato del juez, en Invercaria, “solo consta” como documentación ligada al crédito una ficha de entrada, un escrito que “hace referencia a una reunión celebrada el 2 de julio” de 2009 en la que participaron ambos investigados y el director del departamento de Promoción de Invercaria, un informe de otro encuentro que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2009 y un estudio de evaluación técnica “doblemente fechado”. Para Gutiérrez Casillas resulta significativo que no aparezca “ningún documento o acto” de “aprobación del proyecto”, de forma que “no existió propuesta de inversión en la que se sustentara” la luz verde a un préstamo participativo “en condiciones más favorables a las habituales de mercado en un momento” en el que “no existía un prototipo de dispositivo de regulación de velocidad de los vehículos”, que era “el objeto y el contenido esencial de la financiación pretendida” y que fue dada por el ex presidente de Invercaria.

A lo expuesto hay que agregar que Pérez-Sauquillo “era ya sabedor de carencias en el proyecto objeto de financiación y de irrealidad en el alcance de la valoración de la patente que constituía el capital social” de Badennova, cuando “se otorgó escritura pública de concesión del préstamo”. Y todo ello se produjo, por lo reflejado en el auto, “sin que el proyecto de financiación” en la mercantil “fuera analizado" por los técnicos de Invercaria, además de que no se siguió el plan director "que determina el funcionamiento interno” de la sociedad de la Junta.

Badennova “no pagó” el préstamo en su vencimiento e intentó “renegociar" y novarlo. Su facturación "fue muy insuficiente, alcanzando un importe sólo de 30.000 euros” y el producto final resultó “deficiente” desde el punto de vista técnico, ya que los badenes reguladores de la velocidad de los vehículos “se fracturaban y no desempeñaban su finalidad”, según lo expuesto en la resolución judicial. En definitiva y según concluye el juez: "El perjuicio causado al erario público andaluz ascendió a la suma de 109.998 euros”.

Otros dos investigados se libran del proceso

Aunque no todos los afectados han corrido la misma suerte judicial. El instructor ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo parcial de las actuaciones contra otros dos investigados al entender que no está probado que colaborasen o participasen “en la perpetración de delito alguno”.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares dispondrán de diez días para solicitar la apertura del juicio oral a través de un escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.