Guerrero traslada al Supremo que la Junta destruyó documentos de los ERE

Munición de gran calibre. Esto es lo que contiene el recurso de casaciónque el ex director general andaluz de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha elevado al Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que lo condenó a siete años, once meses y un día de prisión, más 19 años y medio y otro día de inhabilitación absoluta, en la pieza política del «caso ERE». Lo ha amarrado a infracciones de ley, quebrantamiento de forma e infracciones de precepto constitucional.

En un escrito de 319 páginas, al que tuvo acceso LA RAZÓN, Guerrero pide al Alto Tribunal que lo absuelva al haberse llegado a «un fallo político», poblado de equivocaciones que desgrana, a partir de «las múltiples contradicciones, incoherencias y errores, que emanan» de la primera fase de instrucción, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, y que condicionaron lo que vino después. Pero no sólo apunta a la instructora primigenia de la «macrocausa». En su recurso se critica «la inverosimilitud de los atestados» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se afirma que la Sala juzgadora se perdió en un «mare magnum» político-jurídico, «en ocasiones a la luz de la obcecación mostrada» por la Fiscalía, a la que atribuye un «afán acusatorio inquisitorial»; y en otras por la de las acusaciones particulares, «principalmente» la del PP. Insiste en que no se llegó a un pronunciamiento justo, como «se demanda de la jurisdicción penal», sino a uno «político» a partir de «argumentaciones concretas».

El ex alto cargo de la Junta defiende que la comunidad tiene «plenas competencias» para gestionar y abonar, «con cargo a su propio presupuesto», ayudas sociolaborales, «en contraposición a lo que estable la sentencia recurrida». Traslada al TS que éstas son de concesión directa, los beneficiarios los trabajadores y culpa a «la injerencia política y al juicio paralelo efectuado por los medios de comunicación» a lo largo de ocho años de la aparición de «conceptos inexistentes, desde el punto de vista legal», como las «mal llamadas sobrecomisiones».

Se queja de que el fallo le achaque «la utilización de un procedimiento opaco» para repartir los fondos públicos, lo que tilda de «incierto» y avisa de que no se ha probado. «Lo que realmente ocurrió, es que interesaba hacer uso político de las ayudas que se dieron en Andalucía, lo que tuvo una alta repercusión mediática y por consiguiente buen resultado», se asevera en el escrito consultado por este diario. Y se pespuntea: «Pero nadie se preocupó de investigar quién concedió las ayudas de Faja Pirítica, Azucarera reunida de Jaén, Hamsa, etc». Incluye a la UCO, a Alaya y a los gobiernos socialistas de la Junta y señala a las palabras de otra investigada en el «caso ERE» sobre «la modificación y destrucción de documentos que en la DGT –Dirección General de Trabajo– se produjo en noviembre de 2010, lo que fue un acto premeditado y organizado, ya que al final de la jornada se preocuparon en ocultar las evidencias ante sus compañeros». Guerrero vuelve a apuntar a Alaya para trasladar al Supremo que se creó en la opinión pública «un estado de alarma social» en torno a una «idea zombi»: que se habían malversado más de 800 millones de dinero público, lo que no considera cierto.