Guerrero recurre ante el Supremo el “fallo político” de los ERE que lo condenó a casi ocho años de cárcel

Su caso tiene un ingrediente particular. Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, fue uno de los encausados en la pieza política del “macroproceso” de los ERE irregulares más castigados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla y el único que estuvo dos veces en prisión durante la prolongada instrucción. Su condena: siete años, once meses y un día de prisión, más 19 años y medio y un día de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.

Pero tiene algo en común con otros señalados. Ha presentado un recurso de casación contra el fallo ante el Tribunal Supremo (TS) y lo ha hecho por infracción de ley, quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional. En un escrito de 319 páginas, al que tuvo acceso LA RAZÓN, Guerrero pide al Alto Tribunal que lo absuelva, al entender que la sentencia impugnada “adolece, pese a su extensión de una notoria falta de concreción de la ‘causa probandi’, manifestada por las acusaciones, y concretadas, en la inverosimilitud y contradicciones, de la mayoría de los testimonios que se han ofrecido a lo largo de las vistas”. La representación procesal del ex director general ha trasladado al TS, que “lejos de argumentar las tesis acusatorias, que es lo que ha determinado el fallo, lo que han venido a hacer es demostrar la incoherencia de las mismas” y, sobre todo, “las dudas” expuestas, por ejemplo, “en las declaraciones de múltiples testigos, muchos de ellos funcionarios” de la Junta. A ello suma “la inverosimilitud de los atestados” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el recurso se anota que se trata de “un fallo político” al que se habría llegado debido a “las múltiples contradicciones, incoherencias y errores, que emanan” de la primera fase de instrucción, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, ya que ello, “sin lugar a dudas condiciona a todos y cada uno de los actos procesales posteriores”.

Cree Guerrero que la sentencia “únicamente da respuesta a las tesis acusatorias construyendo una premisa en base a un resultado, cual ha sido el que, durante una década, se utilizó de forma fraudulenta un sistema”, para apoyar al Gobierno autonómico gracias al sostenimiento de una llamada red clientelar, y “así se han defraudado miles de millones de euros, sobre 855″. Por contra, “no tiene en cuenta los más elementales derechos fundamentales, tal como es la presunción de inocencia, o el principio de igualdad”. “Aunque dado el volumen de las actuaciones y la extensión” del fallo, “es habitual pensar que estamos ante unas cuestiones complejísimas”, se asevera en el escrito judicial, “esta parte entiende que, si al principio se hubieran localizado y entendido las normas aplicables, este asunto no hubiera tenido la extensión y alcance que ha tenido”.

Lo que se fija al principio, se confirma al final

El ex alto cargo de la Junta apunta a Alaya para mantener que fijó “desde el principio” y “sin citar norma alguna” y sin analizar un abanico de conceptos “que las ayudas eran ilegales”, que “el dinero recibido” por los trabajadores andaluces “no intrusos”, es decir incluidos de forma correcta en los ERE subvencionados por el Ejecutivo regional, “era ilegal”. Y luego “la pericial encargada ‘a posteriori', concluye de igual forma”. “Lo que se fija al principio sin citar ley alguna, se confirma al final citando un conjunto de leyes”, se incide.

A partir de ahí, Guerrero transmite al Supremo que se creó en la opinión pública, “un estado de alarma social”, ya que, “si efectivamente se habían malversado más de 800 millones de euros públicos, el asunto” era “preocupante”. Más tarde “se saltó a que habían desaparecido” y se asentó en la sociedad lo que califica de una verdad, que, “siguiendo a Paul Krugman”, se puede definir “como una idea zombi”. Se refiere a “una propuesta que ha sido refutada a fondo por el análisis y las pruebas, y debería estar muerta”, pero no se queda así, “ya que sirve a un propósito político, apela a prejuicios, o ambos.”

“Cuando algún partido político viene afirmando en su discurso que éste es el mayor escándalo de corrupción político de la historia, la mayor cifra de dinero defraudado”, se cose en el recurso consultado por este periódico, “lo que de verdad hemos de concluir es que está viciado por la manipulación política e informativa en este asunto, que, con el eco de los medios de comunicación, ha alcanzado cotas inimaginables”.