Sociedad

El Gobierno cita para la expropiación a los titulares de 44 fincas bajo vigilancia radiológica en Palomares

Los terrenos permanecían desde 2009 en régimen de arrendamiento o bajo ocupación temporal

Área restringida en Palomares
Área restringida en PalomaresLa RazónLa Razón

El Gobierno ha citado a partir de este viernes a los propietarios de las 44 fincas en Vera y Cuevas del Almanzora (Almería) bajo vigilancia radiológica por el accidente nuclear en Palomares para levantar las actas previas a la urgente ocupación en el marco del expediente de expropiación forzosa sobre 32,4 hectáreas de suelo.

Los titulares de las fincas afectadas deben comparecer en los ayuntamientos entre este viernes y los próximos lunes y martes después de que concluye el plazo de información pública abierto en julio de 2021.

Los terrenos permanecían desde 2009 en régimen de arrendamiento o bajo ocupación temporal para el desarrollo del Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica y a la espera de que se pueda llevar a cabo el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010 y cuya ejecución para limpiar unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio y americio está en litigio en el Tribunal Supremo (TS).

El plazo de información pública de la relación de bienes y derechos afectados, que se vallaron al requerir especial vigilancia radiológica ambiental tal y como reveló el mapa de caracterización radiológica que se finalizó en la zona en 2007, concluyó con los propietarios de las 44 fincas incluidas en la lista presentando alegaciones a la expropiación, en su mayor parte en contra.

Según la Delegación del Gobierno, la actuación no supondría “en ningún caso” la ampliación del área vigilada, sino que afecta a fincas que están en régimen de ocupación temporal o en arrendamiento.

La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.

Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los ayuntamientos de los dos municipios en los que se localiza el suelo contaminado, y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.

El Consejo de Ministros aprobó en 2004 el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica (Piemvr), en los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora (Almería), y en 2005 se acordó el inicio del expediente de expropiación forzosa de distintas fincas, si bien, finalmente, se decidió la ocupación.

Por acuerdo del Consejo de Ministros en 2007 se aprobó la ampliación del Plan a desarrollar por el Ciemat para proceder a la ocupación temporal “en tanto se llevase a cabo la limpieza de 30 hectáreas de terrenos afectados residualmente por contaminación a efectos de recuperar ambientalmente dichos terrenos”. Fue informada favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en 2010 se llevó cabo.

Anteriormente, se habían expropiado otras diez hectáreas para poder llevar a cabo el denominado Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica de Palomares con el objetivo de evaluar la contaminación residual en las zonas afectadas por la caída de las bombas termonucleares en 1966 y establecer las posibles estrategias de recuperación ambiental.

Fue ese mapa de caracterización de suelo el que, precisamente, reveló que existía contaminación superior a los criterios de restricción de uso en alrededor de 20 hectáreas, en concreto en los puntos de impacto de las bombas conocidos como zonas 2 y 3, así como en una franja de otra 20 hectáreas en la Sierra Almagrera clasificada como zona 6.

El Ciemat, una vez obtenida la autorización, delimitó con una valla todos ellos para impedir el acceso público y colocó unos carteles informativos.