Reorganización

La Unidad Aceleradora de Proyectos se queda en Presidencia y fuera de la Agencia Trade

El decreto-ley de la nueva macroagencia empresarial de la Junta se convalidará con cambios en el Parlamento andaluz

La Unidad Aceleradora de Proyectos tiene asignado un proyecto de planta de hidrógeno verde en Los Barrios
La Unidad Aceleradora de Proyectos tiene asignado un proyecto de planta de hidrógeno verde en Los BarriosJUNTA DE ANDALUCÍAJUNTA DE ANDALUCÍA

El proyecto de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) ha cambiado con respecto al que se ideó en la anterior legislatura. Tal y como adelantó este periódico, la Fundación Andalucía Emprende no se integrará en este organismo y pasará a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. No será el único cambio que contempla el nuevo decreto-ley aprobado la semana pasada y que hoy se convalida en el Parlamento de Andalucía: la Unidad Aceleradora de Proyectos también se desgaja de Trade y se queda en la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

La justificación para esta nueva hoja de ruta es la misma que se ha dado en el caso de la Fundación Andalucía Emprende, es decir, la nueva distribución competencial en la actual legislatura y que se detalla en el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de las distintas consejerías.

En este sentido, la Consejería de la Presidencia contempla en su decreto de estructura un centro directivo, la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa, al que se adscribe la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía. Y será esta Dirección General la encargada de la tramitación, impulso y coordinación de los proyectos de inversión que se declaren de interés estratégico en la comunidad y que se vincularán con dicha Unidad.

Por ese motivo, el decreto-ley por el que se modifica la creación de la Agencia Trade, considera que como «la Unidad Aceleradora de Proyectos está claramente ubicada en la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, es necesario extraer dicha unidad de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade), así como las competencias que le son propias».

Además, argumenta la decisión en que «en caso contrario, estaríamos duplicando la misma competencia en dos consejerías diferentes, lo que dificultaría el funcionamiento de la Unidad Aceleradora de Proyectos, así como el acceso de las entidades promotoras a los servicios de agilización de los proyectos que lleva a cabo la Unidad».

Este tampoco era el plan inicial. La ley original por la que se creó la Agencia Trade –Ley 9/2021, de 23 de diciembre–, regulaba la adscripción a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) de la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía. Es más, la calificaba de «imprescindible» para «la promoción de la iniciativa pública y privada» y «para la creación de empresas dirigidas a los sectores económicos que la Administración de la Junta de Andalucía considere básicos».

Igualmente, el anterior decreto salvaba el obstáculo del ejercicio de las potestades públicas por parte de la Unidad Aceleradora de Proyectos adscribiendo los puestos de trabajo de este ente –compuestos por funcionarios– a la Consejería de la Presidencia «con independencia de que desarrollen sus funciones en la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico».

Los últimos datos de la Unidad Aceleradora de Proyectos los ofreció la semana pasada el presidente de la junta, Juanma Moreno, que apuntó que actualmente impulsa 119 proyectos por valor de 8.700 millones de euros, generando más de 39.000 empleos. Este departamento está compuesto por un equipo multidisciplinar de funcionarios de los cuerpos superiores de la Junta.

Por otro lado, el nuevo decreto-ley también matiza la participación de la Agencia Andaluza del Conocimiento en Trade. En concreto, apunta que «desde la entrada en vigor de sus estatutos, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) quedará subrogada en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular la Agencia Andaluza del Conocimiento en aquellas materias cuya gestión le resulte asignada», apunta el texto. De nuevo, el reparto de competencias, donde las políticas de transferencias de conocimiento están en manos de la consejería de Universidad, hacen que la adscripción de la mencionada Agencia a Trade se haya matizado.

Lo que no han cambiado son los objetivos por los que se creó Trade, que figuran tanto en la ley de creación original como en el decreto-ley aprobado la semana pasada, en vigor y que se convalidará en el Parlamento. Estos pasan por «la promoción de la iniciativa pública y privada para la creación de empresas dirigidas a los sectores económicos que la Administración de la Junta de Andalucía considere básicos y la facilitación y la coordinación de los medios para la creación de empresas y de empleo, en el marco de los objetivos de la promoción económica para Andalucía».

El tiempo dirá cuál de las dos opciones de Trade era más viable y si el actual diseño responde a las necesidades del tejido empresarial andaluz en un contexto económico internacional complicado por la crisis de precios y de materias primas.

Se mantiene el objetivo del convenio único

La salida de la Fundación Andalucía Emprende, donde ha habido una gran conflictividad laboral por las diferencias salariales entre sus trabajadores, facilita el reto de que la Agencia Trade cuente con un convenio colectivo único, aunque la tarea no será sencilla. El texto detalla que Trade «se subroga en los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo del personal laboral proveniente de las entidades objeto de integración, y, en su caso, de los convenios colectivos vigentes, así como de los acuerdos derivados de la interpretación de los mismos, dentro de los límites legales aplicables, hasta la aprobación de un nuevo convenio colectivo de aplicación para todo el personal». La mesa negociadora del convenio colectivo único debe constituirse en un plazo no superior a los tres meses desde la aprobación de los estatutos de la entidad. También se apunta que, si fuera necesario, «concluido el proceso de capacitación profesional, para las plazas vacantes se acudirá a ofertas públicas para su cobertura», es decir, a nuevas contrataciones.