Andalucía acapara el 93% de los procesados por corrupción

Los órganos judiciales españoles procesaron a 44 personas físicas y jurídicas en ocho procedimientos por delitos de corrupción hasta el tercer trimestre de 2023. Del total de procesados, 41 de los 44 fueron en Andalucía, lo que supone el 93%. De las ocho causas de corrupción, cinco radicaron en Andalucía, esto es, el 62,5%. El pasado ejercicio, la comunidad andaluza acaparó 16 de 37 causas por corrupción en España, esto es, cerca de la mitad, el 43%, por lo que el porcentaje de casos se ha elevado 20 puntos. Andalucía sumó en 2022 también 93 de los 187 encausados de las comunidades autónomas, el 49,7%. Por tanto, los procesados suben 45 puntos porcentuales. Quedan décadas de casos de corrupción en Andalucía que vienen de la época del PSOE en la Junta, al margen de las nuevas causas que vayan surgiendo. Sólo los ERE son más de un centenar de piezas que van juzgándose a cuentagotas.

Los jueces y juezas españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 42 personas en cinco procedimientos por corrupción hasta el tercer trimestre de este año en Andalucía. De las 41 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos en la comunidad, 29 eran personas jurídicas y 12, físicas, según informó al Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en base al repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio den 2023, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 20 en todo el país.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, «los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política», recogió el TSJA.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303). Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron siete sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, seis fueron condenatorias y una absolutoria, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 85,7 % por ciento de los casos. En Andalucía, en concreto, se produjo una condena con conformidad.

La expresión «Número de acusados o procesados» hace referencia a los investigados frente a los que, una vez practicadas todas las diligencias, se ha dictado auto de procesamiento en el sumario o auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado o del jurado.

En los juzgados de Instrucción de la comunidad, según el repositorio, en el tercer trimestre, el número de acusados es de 27 españoles y dos españolas, así como doce personas jurídicas. En los juzgados de Lo Penal hay un ingresado y cinco pendientes. En las Audiencias provinciales hay seis casos ingresados, uno resuelto con sentencia condenatoria con conformidad y 40 pendientes de finalizar.