Un error judicial anula seis causas de corrupción y evita la condena de 25 ex cargos del PSOE en Andalucía

Un fallo en el sistema judicial ha arruinado el proceso de investigación por corrupción contra 25 ex altos funcionarios del PSOE en la Junta de Andalucía, que se inició en 2014 bajo la dirección de la jueza Mercedes Alaya. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, extendió la investigación del caso Avales más allá de la fecha límite en junio de 2017, lo que significa que toda la labor de investigación tanto policial como judicial realizada después de ese momento es inutilizable.

En total, este error ha anulado hasta seis causas de corrupción que tuvieron lugar durante los gobiernos de los expresidentes socialistas Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán.

Seis archivos que evitarán las condenas de hasta 25 ex altos funcionarios socialistas, incluyendo figuras como el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo; el ex director de IDEA, Antonio Valverde Ramos; el ex jefe de la asesoría legal de IDEA entre los años 2004 y 2009, José Antonio Ávila Quintana; el ex presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio; y la ex secretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta, Isabel de Haro Aramberri.

En todas las ocasiones se repitió el mismo error: la solicitud de prórroga para la instrucción fuera de la fecha límite. Esta situación hace que toda la investigación realizada, como los acusados y testigos, las investigaciones llevadas a cabo por la policía, los informes de expertos, la evidencia documental, así como los documentos presentados por las partes acusadoras y los fiscales, sean inutilizables después de la fecha designada. Es decir, no se anula debido a la falta de pruebas. Después de que el Tribunal Supremo estableciera su criterio, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deja claro que "la expiración del plazo eventualmente fijado por el juez lleva consigo, inequívocamente, la nulidad de todas las diligencias que se practiquen con posterioridad".

La última anulación por la misma causa, se producía hace escasos días y tenía que ver con una de las piezas de la causa de Santana Motor, que provocó la renuncia de María Gámez como directora de la Guardia Civil el pasado mes de marzo, después de que su marido y su cuñado fuesen investigados por corrupción. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla estimaba así la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta correspondiente a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de la Consejería de Innovación, y a la transmisión de fondos a la entidad Experience Management Group.

Caso Avales

El caso Avales reglados, se origina en la Agencia Idea de la Junta, conocida también como la entidad responsable de los polémicos ERE, otro caso de corrupción en el gobierno de Andalucía. En el centro de atención debido al sistema de concesión de fondos públicos a empresas afines montado por la Junta socialista de Andalucía, es uno de los seis casos apunto de ser archivado debido al error de la jueza Bolaños.

La pesquisa tenía como objetivo determinar si la entidad de la Junta de Andalucía o la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa emplearon de manera inapropiada la herramienta de los avales como un mecanismo para canalizar fondos públicos de manera "arbitraria e injusta" hacia ciertas empresas que también habían sido beneficiadas con recursos provenientes del fondo ilegal de los ERE.

Lo sucedido en este caso radica en que en cierto punto (nuevamente) no se llevó a cabo el trámite obligatorio. No fue por negligencia de la Fiscalía Anticorrupción, que el 16 de mayo de 2017 presentó una solicitud de prórroga a la jueza Núñez Bolaños. Aunque la solicitud se registró en el Juzgado dos días después, la magistrada demoró casi un mes y medio en emitir la orden. Esto finalmente se realizó el 30 de junio de 2017, lo que resultó en un retraso significativo. De acuerdo con el auto de la Audiencia, la instrucción había caducado el 6 de junio de ese año, por lo que se insta al nuevo juez instructor a decidir sobre la posibilidad de archivar el caso.

El pasado miércoles 25 de octubre se notifica a las partes, a través de una resolución fechada una semana antes, que la Sección Primera señala el error cometido por la entonces instructora de la macrocausa. Basándose en la jurisprudencia previa y en la legislación aplicable, "solo puede confirmarse que el auto del 30 de junio de 2017 se emitió cuando la magistrada de instrucción carecía de la autoridad necesaria para ordenar nuevas diligencias de investigación y, en particular, para aprobar la prórroga de la declaración de complejidad que se pretendía para permitir la continuación de la instrucción", concluye. Esto se debe a que el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número seis de ese año para prorrogar la causa durante 18 meses fue dictado cuando "la instrucción ya había superado el plazo máximo previsto".

En esta causa hay 25 ex altos cargos investigados. Todos ellos se verían exculpados si finalmente se da carpetazo a la investigación.

Caso Isofotón

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla recuerda que en septiembre de 2022 ya trató este mismo asunto en el caso de los avales y préstamos otorgados por IDEA a la empresa malagueña Isofotón, que cesó sus operaciones después de recibir más de 80 millones de fondos públicos. Esta investigación se encontraba en curso desde el año 2015 en el tribunal y tenía 40 personas bajo escrutinio, de las cuales 37 eran ex altos funcionarios y exdirectivos de la Junta de Andalucía, incluyendo a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González. En esa ocasión, se emitió una orden de cierre de las investigaciones debido a la ampliación del plazo de instrucción de la causa de manera "tardía".

Además, esta investigación tenía implicaciones indirectas en tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que no se les había llamado a declarar ni como testigos ni como investigados. Estos ministros son María Jesús Montero y Luis Planas, ambos por su período como consejeros de la Junta de Andalucía, y Teresa Ribera, debido a su vínculo laboral con la compañía.

Denuncias hacia Bolaños

Esta situación llevó al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, respaldado por los seis fiscales anticorrupción de Sevilla, a presentar una denuncia en 2019 contra la magistrada Núñez Bolaños ante el Consejo General del Poder Judicial. La denuncia se centró en la posibilidad de una falta grave o muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los casos, alegando que su intención era paralizar y debilitar el caso.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial consideró que el juzgado había experimentado una "etapa excepcional" debido a su manejo de las macrocausas y justificó su archivo en base al buen ritmo de la instrucción de las piezas y la tramitación de recursos en tiempos adecuados.

En septiembre de 2020, Núñez Bolaños se retiró de la investigación de las causas de corrupción relacionadas con ex altos funcionarios socialistas en la comunidad. Desde entonces, se encarga de las labores regulares del juzgado, mientras que el juez José Ignacio Villaplana continúa con la investigación de estas. Sin embargo, Villaplana se vio obligado a archivar las tres piezas del caso ERE debido a la falta de cumplimiento en los plazos para solicitar la ampliación de la instrucción. A su vez, la Audiencia reprendió a este mismo juez por un error procesal al considerar que la instrucción estaba caducada cuando imputó al marido y al cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil el febrero pasado.