La demora en los plazos judiciales salva otra vez al PSOE en Andalucía

Una demora, esta vez de cuatro años, en la instrucción de una causa relativa a corrupción del PSOE durante su etapa en el poder vuelve a provocar el cierre en falso de una pieza, en este caso de la Faffe, la fundación en cuya causa principal recientemente fueron condenados el ex director del ente y la responsable financiera por el pago de fondos públicos en prostíbulos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que queda archivada la pieza del «caso Faffe» contra el ex concejal de Jerez Francisco Camas, que después pasaría a ser jefe del ente en Jerez. El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cierra la investigación sobre la presunta contratación irregular de un trabajador y los delitos en cuestión eran prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Los posibles indicios de criminalidad no pueden ser valorados a pesar de que había indicios de la «afinidad y vinculación personal y política con los responsables de la Faffe» en un un nuevo caso de enchufismo en un ente caracterizado por ello. La Audiencia entiende que se han superado los plazos de instrucción. Recientemente también un retraso de la jueza Núñez Bolaños acabó con siete años de investigación contra 25 ex cargos del PSOE en Andalucía en la causa de los Avales.

El TSJA informó de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de una pieza separada relacionada con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) donde se investigaba la supuesta contratación irregular de un trabajador y en la que estaban siendo investigados tanto dicho trabajador como otras tres personas –el ex director general técnico, el exdirector de Recursos Humanos y el exdirector de la Gerencia de la Faffe en Cádiz– por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, según un auto dictado el 15 de noviembre y notificado hoy a las partes.

El magistrado ha tomado esta decisión «después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictara un auto el pasado 11 de octubre de 2023 por el que estimó el recurso de apelación presentado por la defensa de dicho extrabajador de la Faffe contra el auto de 25 de julio de 2022 donde el instructor acordó la práctica de diligencias y ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de la causa durante otros seis meses adicionales, auto que la Audiencia revocó y dejó sin efecto».

Tras este auto de la Audiencia, el instructor analizó la procedencia de acordar la continuación de las actuaciones o bien ordenar el sobreseimiento y archivo de la causa, dado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en su redacción original, ya derogada por la Ley número 2/2020) y lo resuelto en aplicación del mismo por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla por medio del referido auto dictado el 11 de octubre, la fase de instrucción del procedimiento habría de entenderse concluida con fecha 24 de diciembre de 2019, «siendo ineficaz e inválido el auto de 4 de marzo de 2020 que declaró la complejidad de la causa».

El magistrado añade que la Sección Séptima, por medio de éste y otros autos, «establece doctrina en cuya virtud las prórrogas de los plazos de investigación acordadas al amparo del artículo 324 resultan inviables en el caso de que se hubiese acordado la inicial ampliación del plazo de instrucción de forma extemporánea; viniendo a declarar la invalidez de las actuaciones (posteriores resoluciones sobre declaración de complejidad y prórroga) y diligencias cuya práctica habría sido acordada una vez transcurrido el plazo de investigación inicial (seis meses), y que, en este caso, habría concluido el 24 de diciembre de 2019».

El magistrado señala que, conforme a lo acordado por la Sección Séptima, «la decisión de prorrogar, ampliar o fijar un plazo máximo de instrucción para cuando transcurra el periodo inicial, debe de producirse antes de la expiración del que la norma prevé –preveía, más bien-; de modo que en el supuesto de autos, según la redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente, dicha ampliación se tendría que haber producido antes del transcurso de seis meses desde la iniciación de la causa, por tanto, antes del 24 de diciembre de 2019». Así, según el juez, «el plazo de investigación se habría ampliado, declarándose la complejidad de la causa de forma extemporánea, por medio de auto de 4 de marzo de 2020; y, en consecuencia, como afirma la Sala” en su auto, “nada de lo acordado después tiene validez”, de forma que, “transcurrido el plazo de investigación sin haberse prorrogado o ampliado el plazo legal antes de su expiración -en este caso, antes del 24 de diciembre de 2019-, no resultaba posible acordar la práctica de diligencia de instrucción alguna, incluyendo la llamada al proceso y la práctica de la declaración” de los cuatro investigados en esta causa.

Los posibles indicios de criminalidad no pueden ser valorados

El magistrado precisa que, con posterioridad al 24 de diciembre de 2019, y “sin haberse ampliado el plazo de investigación dentro del plazo inicial de seis meses (de forma extemporánea se declara la complejidad de la causa en virtud de auto de 4 de marzo de 2020), se habría acordado la práctica de diligencias que, a la vista de lo resuelto” por la Audiencia, “habrían de reputarse inválidas”, aludiendo, entre otros, a los autos de 8 de octubre de 2020 y 21 de diciembre de 2021 que acordaban la llamada al proceso como investigados de los encausados.

Seguidamente, el juez analiza los parámetros jurisprudenciales aplicables a este caso concreto y aprecia y reconoce la “invalidez” de todas las diligencias y actuaciones cuya práctica fue acordada a partir del día 24 de diciembre de 2019, es decir, una vez “caducado” el procedimiento, incluyendo la llamada al proceso y las declaraciones de los cuatro investigados.

“En consecuencia, procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones al no poder ser valorados los posibles indicios de criminalidad concurrentes posibilitando la continuación formal del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado respecto a los referidos investigados, y al resultar ineficaz su preceptiva previa declaración judicial en dicha condición”, argumenta el magistrado.

En este punto, el instructor subraya que “tiene que aquietarse a la doctrina establecida y consolidada por el órgano jurisdiccional (Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima) con competencia funcional para resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones que se dicten”, ya que, “de lo contrario, podría ponerse en riesgo la efectiva observancia del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución Española”.

En esta pieza separada del caso de la Faffe, el instructor investigaba la contratación supuestamente irregular e ilícita de uno de los investigados en el seno de la plantilla de la Faffe con motivo de la extinción de la entidad Fondo Formación y Empleo (FPE) y la creación de la Faffe, con el consiguiente traspaso de los activos de la primera hacia la segunda, incluyendo la plantilla de trabajadores, y con el correspondiente “perjuicio o menoscabo de los fondos públicos que se hubiesen derivado de la misma”.

“Vinculación personal y política”

De igual modo, en esta pieza se investigaba “la ilicitud del mantenimiento” de este trabajador en distintos puestos (técnico en la Gerencia de Cádiz y, después, responsable del centro de la Faffe en Jerez de la Frontera) “sin contenido material concreto -percibiendo además un salario superior a su nivel o categoría profesional-, creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro injustificado de emolumentos y prestaciones” por parte de este investigado tanto en la Faffe como en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde fue subrogado y estuvo empleado tras la extinción de la Faffe, y todo ello hasta junio de 2015 en que asume una excedencia forzosa por designación para cargo público.

A juicio del instructor, la contratación del trabajador investigado por parte de la Faffe en julio de 2003, a instancias de su ex director general técnico “por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar”, se habría llevado a cabo “de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable”.

De esta forma, la contratación investigada se habría llevado a cabo “con vulneración directa de los principios y sistemas de contratación pública establecidos (...)” y “sin más mérito” por parte del trabajador contratado que “su afinidad y vinculación personal y política con los responsables de la Faffe, en particular” con su ex director general, considera el juez en el auto.