Campo de Gibraltar: un plan de 900 millones sin resultados

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) está dejando al descubierto la complicada realidad social y económica del Campo de Gibraltar. Una comarca lastrada por el paro y las desigualdades que cuenta con un destacado polo industrial, vinculado a las empresas petroquímicas, y que depende en gran parte de las buenas relaciones con Gibraltar, a donde acuden diariamente a trabajar más de 10.000 españoles. Desempleo, contrabando y tráfico de drogas son los ingredientes de un peligroso cóctel que a veces explota sacando a relucir, de una manera descarnada, unos problemas endémicos que ninguna administración ha sido capaz de abordar.

La presión social y política ha llegado a ser tan intensa en algunos momentos –es el caso del escenario actual– que las administraciones han anunciado inversiones y proyectos que, en su mayoría, han quedado en nada. Es el caso del Plan para el Campo de Gibraltar que el Gobierno aprobó en 2018, nada más quedar instalado Pedro Sánchez en la Moncloa. Esta ambiciosa iniciativa implicaba a diez departamentos ministeriales y sus acciones tenían un respaldo presupuestario de 900 millones de euros. Entonces, ya era ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, ahora en el ojo del huracán tras el trágico suceso de Barbate y asediado por las críticas por la falta de medios de los cuerpos policiales para hacer frente al narcotráfico. Sin embargo, este plan no sólo contemplaba medidas relacionadas con la seguridad. También incorporaba inversiones en infraestructuras, ayudas a pymes, medidas fiscales y planes de formación. La mayoría de estos compromisos no se materializaron, ahondando en la brecha que soportan los vecinos de estos municipios.

Gran parte de la inversión prevista, 810 millones de euros, se dedicaba a las conexiones ferroviarias y viales. Entre otras actuaciones, se anunció la modernización y electrificación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla y las redacciones de los siguientes proyectos: el acceso sur al puerto de Algeciras, la variante exterior de la Bahía de Algeciras, el desdoblamiento del túnel del acceso norte al mismo recinto portuario o la construcción de la N-351.

Otras medidas iban encaminadas a «disminuir las alta tasas de desempleo», tal y como señala el documento. En concreto, se proponía la elaboración de un Plan Extraordinario de Empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros adicionales, con un apartado específico para la comarca. También, de una forma genérica, el diseño de políticas activas de empleo a través de la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal y el SAE.

El Gobierno reconocía el «gran potencial» de la comarca «en el marco logístico e industrial». En este ámbito, el plan contemplaba ayudas a pymes y se anunciaba, como proyecto emblemático, un Centro de Innovación Digital y Emprendimiento. Nada más se supo de esta iniciativa.

Los empresarios de la zona vienen reclamando un marco fiscal propio como tienen otras zonas singulares, dada la cercanía con Gibraltar y de otros puertos muy competitivos como el de Tánger Med. El plan contemplaba una deducción directa en la cuota del Impuesto sobre Sociedades y, por otra parte, se preveía un incremento de la dotación de medios materiales y humanos para la vigilancia aduanera, con subvenciones nominativas a las entidades locales.

El ámbito de la justicia era de los más ambiciosos, al objeto de combatir las múltiples prácticas delictivas. El documento contemplaba la creación de un juzgado más en cada uno de los partidos judiciales, además de nuevas plazas de fiscales y de funcionarios de apoyo. Junto a ello, la creación de una unidad administrativa «cuya función será la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos». En el ámbito de la educación se incluían planes de formación para personas con baja cualificación y programas destinados a la reincorporación a los sistemas reglados de jóvenes que abandonaron los estudios.