La dependencia: batalla política con muertes

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las «ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social». Así lo dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía. La ley estatal a la que hace referencia este artículo remite a la firma de unos convenios entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la que la aportación de ésta será «al menos igual a la de la Administración General del Estado». La Junta de Andalucía se siente agraviada porque en otros territorios, como Cataluña o el País Vasco, el Gobierno sí se compromete a alcanzar el 50% de la financiación. La falta de recursos provoca, de este modo, que haya miles de personas en lista de espera para acceder a este derecho.

Los datos son preocupantes. Pero la situación no es nueva. El problema radica, como ayer le recordó el portavoz socialista en el Parlamento, Juan Espadas, que el Partido Popular había prometido en 2018 agilizar los procesos y ofrecer a los andaluces el servicio que merecen. Seis años después los procedimientos se siguen eternizando y el reciente cambio en el modelo de gestión por parte de la Consejería de Inclusión Social no termina de ser efectivo.

En 2024, la Junta destina 1.200 millones a la dependencia –solo Cataluña dedica más–, mientras que el Gobierno aporta 729 millones. Desde 2019, el Gobierno andaluz ha puesto siete de cada diez euros invertidos. Por ejemplo, en 2021, la Junta certificó un gasto de 1.596 millones, de los que el Estado sólo puso 395 millones (el 24,7%).

A lo largo de este año, 3.700 andaluces han fallecido sin acceder al derecho solicitado y fueron casi 8.771 en 2023. Pero es que en 2017, con el PSOE aún en San Telmo, fueron 9.303. Entonces, con los colores políticos invertidos en ambas administraciones, la gestión tampoco era la correcta.

El tiempo de espera medio hoy es de 609 días y hay 53.000 andaluces esperando a ejercer su derecho (35.500 en 2023). En la comunidad se presentaron el 20,4% de las solicitudes del país, liderando 2023 con 420.976. Hay multitud de factores que entran en juego en la gestión. No sólo es una cuestión económica o puramente burocrática. La sociedad cada vez está más envejecida, el grado de conocimiento del servicio es mucho mayor hoy y la forma de vida cambia –cada vez hay más personas solas– hacia otras condiciones individuales. Aún así, las estadísticas también dicen que hoy hay 76.120 beneficiarios más que en 2018 y casi 86.000 prestaciones más que hace un lustro.

Juanma Moreno admite que el sistema está «obsoleto y claramente colapsado», y por eso la Junta está acometiendo esa «reforma estructural» del mismo. De hecho, y aunque en los primeros meses se han generado problemas añadidos por este cambio de procedimiento, la propia consejera Loles López descartó que fuera a dar marcha atrás y se mostró convencida de que «cuando esté totalmente implantado se van a agilizar los plazos», y «detrás de cada plazo agilizado habrá personas, que es lo que importa».

A juicio de Juan Espadas, no es de recibo que Moreno «siga hablando del pasado y de otros gobiernos» porque él ya lleva seis años en la presidencia y se comprometió a la «eliminación de las listas de espera». El socialista llegó a llamar al presidente de la Junta «enemigo público número uno de la Ley de Dependencia en Andalucía», olvidando la gestión anterior a 2019 (hasta 2016 habían fallecido más de 31.000 personas «inatendidas»). Además, recordó a Moreno su responsabilidad como secretario de Estado de Servicios Sociales durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y subrayó que Andalucía recibía con aquel Ejecutivo del PP «1.478 millones» para la dependencia, y «actualmente recibe 2.956 millones» con Pedro Sánchez como presidente.

Juanma Moreno respondió al líder socialista que «es muy complicado revertir lo que ha sucedido en cuatro décadas en algo más de cinco años» de gobierno del PP-A, «cuando se ha despreciado a nuestros mayores» y se han alcanzado «las cifras peores de la historia de Andalucía».

Espadas afeó también al presidente que la Junta haya reducido «del 80 al 60%» el porcentaje del sistema de la dependencia que financia la administración andaluza. Los datos oficiales dicen que por primera vez se superan las 426.000 prestaciones, un 52,6% más desde el 2018, y se superan las 288.000 personas beneficiarias, un 35,8% más que hace seis años.