Endeudamiento ante la falta de financiación autonómica

Cada año, Andalucía tiene que elaborar unos presupuestos para cubrir los servicios que presta a los ciudadanos que residen en la comunidad –fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales–con el handicap de contar con alrededor de 1000 millones de euros menos de los que le corresponden. Y esa circunstancia no es nueva: así sucede desde que se aprobó el actual modelo de financiación autonómica en 2009 gracias a un acuerdo del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los independentistas de ERC. En la práctica, es como si Andalucía iniciara la liga de fútbol con 10 puntos menos pero al final del campeonato se le exigiera quedar en los puestos de cabeza, o lo que es lo mismo, que los andaluces recibieran prestaciones de servicios de primer nivel equiparables al resto de autonomías. Este hecho ha sido denunciado por los Gobiernos socialistas de Susana Díaz y por el de Juanma Moreno, pero las reivindicaciones no han sido atendidas.

De hecho, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), lleva meses proponiendo varios «parches» al actual sistema de financiación autonómica para ir preparando una futura reforma, entre los que destaca un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros a repartir entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. En el caso de Andalucía, de esa cantidad, le corresponderían 1.409 millones.

La realidad es que ese fondo de nivelación ni está ni se le espera y las necesidades de financiación son las mismas. En ese sentido, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 6 de mayo de 2024, ha adoptado un Acuerdo por el que se asignan recursos adicionales destinados a atender parte de las necesidades de déficit de 2023 pendientes de financiar. Dicho acuerdo asigna a la Comunidad Autónoma de Andalucía una financiación por un importe máximo de 1.217.250.000 euros con cargo al compartimento Facilidad Financiera, previsto en el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, al que se encuentra adherido Andalucía.

A finales de mayo, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos llevó a Consejo de Gobierno el proyecto de decreto por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta el importe máximo señalado. El texto detalla que la fecha de formalización prevista será la de este mes de junio, estará vigente hasta el 31 de octubre de 2036 –incluyendo 4 años de carencia de amortización del principal– y se estima un tipo de interés nominal anual del 3,140% durante toda la vida del préstamo. Aunque los gastos en intereses que se generan por la operación de endeudamiento se reajustarán posteriormente cuando se conozcan las condiciones concretas de la operación que se realice, la estimación inicial supera los 1.550 millones de euros.

Pese a todo, Andalucía no es una de las comunidades más endeudadas. Según los datos del Banco de España, acabó 2023 como la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en términos absolutos, con 38.649 millones de euros.

En términos relativos, desde la perspectiva de su peso en la riqueza de la región, los 38.649 millones de euros representan el 19,8% de su PIB, 2,4 puntos por debajo de la media autonómica, que se situó en el 22,2%.

Los 38.649 millones de deuda andaluza supone el 11,88% del total adeudado por las economías regionales, que asciende a 325.234 millones de euros, por lo que la representatividad andaluza en el débito autonómico queda por debajo del peso de su población en España, que es de un 17,7%.

La región se situó así tras Cataluña (85.986 millones) y Comunidad Valenciana (57.993 millones), un podio al que se suma en cuarto lugar la Comunidad de Madrid (35.875 millones) y que supone que este cuarteto concentre dos tercios de la deuda de los gobiernos autonómicos, además de que tienen en común el hecho de ser las cuatro regiones más pobladas de España.

En el conjunto de las comunidades autónomas, la deuda subió en términos absolutos en todas las regiones respecto a 2022, salvo País Vasco, Cantabria y Baleares.

En términos relativos, medido el volumen de deuda desde su perspectiva del PIB, es la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 42,2% de su riqueza, la región más endeudadas, seguida de Castilla-La Mancha (31,9%), Región de Murcia (31,2%) y Cataluña, con el 31%.

Por el contrario, las menos endeudadas en relación a su PIB son Navarra (12%); Canarias (12,2%); País Vasco (12,4%) y la Comunidad de Madrid (12,6%).