El incremento de las sanciones no reduce la siniestralidad laboral

Desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta en 2019, la política andaluza en prevención de riesgos laborales ha apostado por la visibilidad y el rigor administrativo: publicación de listados, mayor publicidad de expedientes y un notable incremento de las sanciones firmes en vía administrativa. Sin embargo, y pese al énfasis punitivo, la siniestralidad mortal no cede: las cifras más recientes muestran que multas y notoriedad no bastan para evitar que sigan produciéndose muertes en el tajo.

Los datos aportados al Parlamento autonómico por la Consejería de Empleo describen con claridad la intensidad de la acción sancionadora: de 3.153 sanciones en 2018 se pasó a 3.829 en 2019, escalando hasta 5.531 en 2023 y quedando en 5.265 en 2024. El crecimiento acumulado entre 2018 y 2024 alcanza el 66,98%, mientras que, si se toma 2019 como punto de referencia tras el cambio de gobierno, las sanciones subieron un 37,5% entre 2019 y 2024. Para 2025 la respuesta parlamentaria recoge 457 sanciones, pero precisa que ese cómputo es parcial y no comparable con ejercicios completos.

La «prevención de papel»: planes y protocolos que no se traducen en cambios

Es importante puntualizar que las cifras de sanciones firmes no incluyen aquellos expedientes que aún no han sido resueltos por encontrarse suspendidos por concurrencia judicial o por encontrarse en fase de tramitación o pendientes de resolución del recurso correspondiente o bien aquellos expedientes en cuya resolución se ha ordenado la anulación del acta, estando el número definitivo de sanciones pendiente de su situación jurídica tras la resolución definitiva de los diferentes procedimientos judiciales abiertos.

Esta salvedad reduce la inmediatez del efecto ejemplarizante y condiciona la comparabilidad de los datos.

Más aún, la estadística de sanciones graves –las infracciones consideradas de máxima entidad– exhibe una evolución modesta en número absoluto: una sanción grave en 2021; dos en 2022; cinco en 2023; nueve en 2024; y tres en lo que va de 2025. Es decir, pese al notable aumento de procedimientos totales, las condenas por conductas de máxima gravedad han sido relativamente escasas hasta 2024 y mantienen cifras reducidas en el parcial de 2025.

De 3.153 sanciones en 2018 se ha pasado a 5.265 en 2024

La contradicción se hace más evidente al comparar con las cifras de fallecidos. En 2024 murieron 68 trabajadores en Andalucía hasta agosto por accidente laboral; en 2025 ya son 77 en el mismo periodo, nueve más. El incremento de sanciones, incluso en sus cifras récord de 2023 y 2024, no se traduce en menos muertes. Sevilla lidera de nuevo el trágico balance con 23 víctimas; Jaén y otras provincias han sufrido episodios concentrados que ponen de manifiesto fallos preventivos repetidos.

Las razones por las que las sanciones no bastan son prácticas y conocidas. En primer término, la multa es una medida a posteriori: castiga tras la ocurrencia del incumplimiento y, a veces, después de la tragedia. En un contexto de presión sobre costes, subcontratación y temporalidad, algunas empresas pueden considerar la sanción como un coste más a asumir. En segundo término, demasiados expedientes se recurren y quedan paralizados o suspendidos por la vía judicial, con lo que se diluye el efecto disuasorio inmediato; la propia respuesta parlamentaria lo reconoce al señalar la existencia de procedimientos pendientes y suspensiones por concurrencia judicial.

Pymes y subcontratas

Además, el aumento de la actividad sancionadora no parece haber venido siempre aparejado de un refuerzo equivalente de la inspección sostenida, la formación subvencionada y los programas específicos dirigidos a pymes y subcontratas –los nichos donde afloran la mayoría de incumplimientos–. Los sindicatos denuncian la «prevención de papel»: planes y protocolos que existen sobre el papel pero que no se traducen en cambios operativos en la rutina diaria. Jaén ejemplifica esas quejas: falta de inversión en formación, deficientes protocolos frente a riesgos como golpes de calor y una supervisión episódica en lugar de permanente.

Conviene reconocer la utilidad de la firmeza administrativa: sancionar a quien vulnera la ley es condición de igualdad competitiva y justicia. Pero la política eficaz exige coherencia y proporcionalidad: las multas deben integrarse en un paquete preventivo que combine inspección periódica en sectores de riesgo, resolución ágil de expedientes para que la sanción tenga efecto ejemplar, subvenciones y formación dirigida a pequeñas empresas y protocolos adaptados a los riesgos emergentes. Solo esta combinación puede transformar la retórica sancionadora en reducción efectiva de víctimas.

Mientras no se avance en esa doble vía –mano firme contra infractores y prevención sostenida– la contradicción permanecerá: más sanciones y listados públicos, y sin embargo, la repetición de accidentes mortales evitables. Resulta imprescindible conjugar transparencia con capacidad operativa para convertir las multas en medidas que, además de castigar, prevengan y salven vidas.