El pacto de PSOE y Sumar solivianta a la Junta y a los empresarios andaluces

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales de cara al año 2025 y la supresión de los vuelos cortos que tengan una alternativa en tren de dos horas y media son dos de las medidas del pacto alcanzado entre el PSOE y Sumar que más ampollas están levantando. Los empresarios andaluces y la Junta no han tardado en criticarlas, destacando su «alto coste» laboral y las consecuencias negativas para un sector en auge como el turismo. En relación a la primera medida, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier Fernández de Lara, lamentó que «el diálogo social ha sido atropellado, literalmente atropellado», remarcando que «no se tiene en consideración ni lo que opinamos las organizaciones empresariales más representativas, CEOE y Cepyme, ni los sindicatos mayoritarios que son Comisiones Obreras y UGT». «La medida es desafortunada y realmente dudamos de su eficiencia porque poco más o menos que viene a vender una cuestión más política que práctica», señaló.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, aseguró que supone «un hachazo a las empresas y a los autónomos», al «acarrear mayores costes laborales» justo en un momento en el que se «están incrementando los niveles de gastos». «Querer modificar temas salariales o temas que tienen que ver con el ámbito del horario laboral fuera de la negociación colectiva es algo que no creemos que sea oportuno. Y más por un Gobierno que hasta ahora presume de acuerdo de diálogo social», argumentó, además de señalar que la medida se traduce en una subida de las cotizaciones a la seguridad social, porque «vamos a pagar lo mismo en lugar de por 40, por 37 horas y media, lo que significa una subida de un 6,5% de las cotizaciones sociales».

La Junta, por su parte, también mostró su rechazo. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, criticó que esta reducción es «puramente intervencionista en el ámbito empresarial» y cuestionó que el actual sea el momento más adecuado para aplicarla. En ese sentido, se preguntó «para qué está el diálogo social» con el que «a la izquierda se le llena la boca», y aseguró que es «una medida del ámbito privado que tiene que consensuarse entre la patronal y los sindicatos, entre los empresarios y los trabajadores». España destacó que, en el fondo, se trata de una propuesta que «suena bien» porque «todo el mundo» quiere «trabajar menos y ganar más», pero subrayó que hay que preguntarse «quién paga» eso, porque «tiene un coste».

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, censuró la «unilateralidad» de PSOE y Sumar y destacó que «una subida del despido y una bajada de las horas de trabajo semanales se debe hacer en comunión con los empresarios y sindicatos». Blanco comparó esta situación con un caso de «yo invito y tú pagas», ya que, en su opinión, «se está haciendo una rebaja de la jornada laboral de forma unilateral» y sin atender a empresarios, a agentes económicos y sociales ni a sindicatos. «Igual que se maquilló el empleo temporal con la reforma laboral, se está maquillando la productividad con esta reforma que quieren hacer».

La posible supresión de los vuelos cortos también ha puesto de acuerdo al sector turístico y a las Administraciones, con alcaldes afectados a la cabeza como los de Sevilla y Málaga. También alzaron la voz presidentes de Diputación como el malagueño Francisco Salado, quien lamentó que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «utiliza» el principal sector económico del país, el turismo, como «cortina de humo con la que tapar sus cesiones a los independentistas, la amnistía y el referéndum».

«Los experimentos, con gaseosa. No es serio que dos partidos que pretenden gobernar nuestro país se dediquen a improvisar medidas y pongan patas arriba el sector turístico y la conectividad de nuestro país con una propuesta que ni siquiera ha sido estudiada por el Ministerio de Transportes», manifestó. El también presidente de Turismo Costa del Sol criticó «el enorme daño económico y la confusión causada por una propuesta ridícula que no pasa de globo sonda, como casi todo lo que ha hecho este Gobierno saliente en materia turística y de movilidad». Salado recordó que el turismo da trabajo a más de 130.000 personas y genera más de 17.400 millones de euros al año en la provincia de Málaga.