El paro como barrera añadida a la violencia de género

El 17 de diciembre de 1997 marca un antes y un después en la concepción de la violencia de género en España. La granadina Ana Orantes fue asesinada después de exponer en televisión los malos tratos a los que había sido sometida por parte de su exmarido. Fue quemada viva trece días después de su declaración en Canal Sur. Su asesinato propició la reforma del Código Penal en materia de violencia de género. La lacra, lejos de desaparecer, se mantiene vigente. El asesinato de una mujer de 46 años presuntamente a manos de su pareja en Estepa (Sevilla) elevó a diez las víctimas mortales de violencia machista en la comunidad en lo que va de 2024, cinco en la provincia malagueña, una en Granada, dos en Sevilla y dos en Almería. En cuanto al número de menores huérfanos por violencia de género, en 2024, ascienden en Andalucía a siete tras este último caso de Estepa, ya que la víctima tenía dos hijos menores de edad, y 95 desde 2003. Los otros cinco menores huérfanos en 2024 son los de los asesinatos de Pizarra y Antequera, en Málaga ambos; y tres menores en el asesinato machista de La Mojonera (Almería). Andalucía viene reclamando una revisión del pacto de Estado de Violencia de Género. «El pacto no puede ser un documento inamovible. La realidad va cambiando, tenemos nuevos tipos de violencia, la ciberviolencia, las redes sociales han traído mucho bueno y mucho malo en esta materia», defiende la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

En 2023 se alcanzó la cifra récord de denuncias por violencia de género en Andalucía (40.717), pero la situación se complica cuando las mujeres están en desempleo. El 82% de las mujeres desempleadas víctimas de la violencia de género en Andalucía identifica la falta de trabajo como la mayor barrera para pedir ayuda y denunciar, según un estudio de la Fundación Adecco consultado por LA RAZÓN. La situación de desempleo genera ausencia de recursos y dependencia económica de la persona agresora, conduciendo a un 82% de las mujeres víctimas a la inacción.

Un 78% admite dificultades para denunciar por «miedo a represalias», seguido de un 60% que manifiesta dependencia emocional y/o afectiva; un 52% que señala «vergüenza a la hora de reconocer las situaciones que ha tolerado»; un 48% que expresa miedo a perder la custodia de sus hijos; un 27% que alude a la inseguridad jurídica y un 24% teme no ser creída.

No obstante, en los últimos años las denuncias por violencia de género han experimentado un notable crecimiento. El pasado año, el aumento de denuncias por violencia de género se incrementaron un 9,5% en España. En Andalucía el crecimiento fue del 5,1%. Por provincias andaluzas, el mayor volumen de denuncias por violencia de género se ha registrado en Málaga (23,2%), Sevilla (18,6%) y Granada (14,3%). El número de denuncias por violencia de género en los juzgados subió un 1,9% en el segundo trimestre de 2024 (abril a junio) en Andalucía, con un total de 10.432 frente a las 10.233 del mismo periodo del año pasado. En cuanto al número víctimas, de abril a junio se contabilizaron un total de 9.433 víctimas de violencia de género frente a las 9.726 del segundo trimestre del año pasado, lo que equivale a una caída del 3%. Los menores víctimas de violencia de género son 34, uno más que en el mismo periodo de 2023.

Los principales obstáculos que encuentran las mujeres víctimas para afrontar la búsqueda de empleo son la inseguridad y la autoestima (88%), el temor a ser localizadas por la persona agresora en el puesto de trabajo (74%), la incompatibilidad de horarios para hacer frente a sus responsabilidades familiares (60%), la ausencia de medios digitales para buscar trabajo (30%) y el desconocimiento a la hora de definir una estrategia de búsqueda de empleo (30%).

El 70% prefiere no mencionar la situación de violencia de género en las entrevistas de trabajo, «por si pudiera perjudicarle» debido a prejuicios que siguen asociando a las mujeres víctimas con personalidades inseguras, dependientes o conflictivas.

El 88% de las mujeres víctimas en desempleo encuentra algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes y un 62% se plantea trabajar en la economía sumergida o irregular, ante la urgencia de ingresos económicos.

«El empleo se convierte en el elemento por excelencia para que las mujeres víctimas de la violencia de género recuperen el control de sus vidas a través de independencia económica, autoestima y una mayor red de apoyo», destacó Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.