¿Qué se juega Andalucía el 23J?

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y la que más diputados aporta al Congreso, un total de 61. Por tanto, las elecciones generales del domingo son cruciales para los intereses de la región, que soporta problemas cuya resolución dependen de una forma u otra del apoyo del Gobierno central. La confrontación ha sido la nota dominante en las relaciones entre los Ejecutivos de Juanma Moreno y Pedro Sánchez. Más allá de la disparidad ideológica, ambos presidentes defienden modelos distintos y han aplicado políticas que van en sentido contrario, pero en los últimos meses los ataques a la Junta desde la Moncloa por la controvertida ley de regadíos en Doñana han terminado por dinamitar la necesaria cooperación entre ambas administraciones.

El nuevo Gobierno que salga de las urnas el 23J deberá abordar asuntos pendientes como la reforma del sistema de financiación autonómica. Moreno ha venido criticando que el actual modelo es «obsoleto e injusto», puesto que hace perder a Andalucía cuatro millones de euros al día. Es decir, 1.000 millones anuales. En la última reunión que mantuvieron en julio de 2022, justo después de alcanzar la mayoría absoluta, el presidente andaluz planteó a Sánchez la creación de un Fondo Transitorio de Nivelación prorrogable hasta la entrada en vigor del nuevo sistema que aporte a las cuatro comunidades más perjudicadas 1.731 millones de euros. Concretamente, Andalucía recibiría 824 millones, 648 la Comunidad Valenciana, 194 la Región de Murcia y 65 millones Castilla La Mancha. La propuesta cayó en saco roto.

La sequía es un problema acuciante en toda España que en Andalucía se hace más virulento. El próximo Ejecutivo central deberá redoblar la intensidad de las obras de las infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado, además de impulsar otras actuaciones como desaladoras, pantanos y conducciones con el objetivo de garantizar el abastecimiento. Actualmente los embalses andaluces están al 25% de su capacidad, una situación límite que ha llevado a Moreno a dar una nueva vuelta de tuerca a este asunto. Esta semana ha planteado la necesidad de que Andalucía sea declarada «región de especial singularidad» dada su exposición a las altas temperaturas y, en consecuencia, padecer de forma más intensa los efectos de la sequía. El objetivo es que las instituciones comunitarias la reconozcan como la región más seca de Europa, por lo que podría recibir fondos finalistas para acometer infraestructuras vinculadas al agua. Para este cometido es fundamental la sintonía con el Ejecutivo central, que tendría que respaldar esta propuesta ante la Unión Europea.

En el plano judicial, la Junta ha interpuesto dos recursos contra sendas decisiones del Gobierno. De un lado, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda, al entender que «invade frontalmente» las competencias autonómicas. Se trata de una de las normas estrella del Ejecutivo de coalición, que penaliza a los propietarios que tengan pisos vacíos y pone límites al precio del alquiler. De otro lado, ha presentado en el mismo tribunal un recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. Un impuesto que, a juicio de la Junta, fue creado como respuesta a la reciente supresión del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía.

Precisamente, el Gobierno de Sánchez se ha ido oponiendo a las rebajas fiscales que ha ido aplicando la Junta en los últimos años, un total de seis. A la supresión del impuesto sobre el patrimonio se unen una nueva rebaja en el IRPF y la supresión del impuesto de sucesiones con el que inauguró la pasada legislatura. Ahora, Andalucía es una de las comunidades españolas donde se pagan menos impuestos, compitiendo directamente con Madrid.

En cuanto a las infraestructuras, la Junta ha venido batallando con el Gobierno por los corredores ferroviarios, concretamente el Atlántico y el Mediterráneo. Ambos cuentan con un tramo común Bobadilla/Antequera-Algeciras, de vital importancia para conectarse con el Puerto de Algeciras. Una terminal que mueve el 21% del tráfico portuario español y que se sitúa en el primer puesto del país, el sexto de Europa y el vigésimo quinto del mundo.

El horizonte parece más despejado en una infraestructura fundamental para la movilidad en Sevilla: el Metro. Ya han arrancado las obras del tramo 3 y el Gobierno y la Junta han acordado la financiación. Ambas administraciones aportarán 522 millones de euros a una obra que se ejecutará en siete años. Por contra, el avance del AVE hasta Almería es más lento. Los trabajos están al 40% de su ejecución y la previsión es que la línea entre en servicio en 2026. Esta semana se ha dado un paso importante, como es la aprobación del convenio para el soterramiento de la infraestructura a su paso por la ciudad.

Otro asunto controvertido es la designación de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial (Aesia). A Coruña fue la ciudad elegida por el Gobierno, una decisión que causó un hondo malestar en Granada. Su alcaldesa, Marifrán Carazo, ya ha pedido que se reinicie el polémico proceso, por lo que el nuevo Ejecutivo tendrá que pronunciarse.