La sociedad civil, de perfil ante la falta de financiación de Andalucía

Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica, tal y como ha ido constatando la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)en distintos informes. Por ejemplo, Andalucía fue en 2021 una de las cuatro comunidades con una financiación per cápita por habitante ajustado por debajo de la media nacional: si la media nacional es de 100, en ese ejercicio 2021 el índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado de Andalucía fue de un 94,3%, cifra que supone situarse 5,7 puntos por debajo. Eso supone que que la financiación per cápita de Andalucía en 2021 fue de 2.780 euros, 149 euros inferior a la media nacional, que fue de 2.929 euros.

En otro informe, propone que el Gobierno de España apruebe un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros a repartir entre las cuatro comunidades autónomas que peor financiación reciben: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. En el caso de Andalucía, de esa cantidad, le corresponderían 1.409 millones de euros, que es la cantidad que perdería anualmente desde la aplicación del actual modelo en el año 2009 y que, pese a que debió revisarse en 2014, sigue vigente.

Pese a esta situación, que lastra el presupuesto anual de la Junta de Andalucía desde hace 15 años, no existe un pronunciamiento unívoco de la sociedad civil en Andalucía como sí lo hay en otras comunidades como la valenciana.

En este sentido, en marzo de este año, el Gobierno valenciano y los agentes sociales acordaron exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un fondo de nivelación transitorio de 1.782 millones de euros al año hasta 2027 para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.Incluso también existe un consenso mayoritario de los grupos políticos y una comisión de expertos ha establecido que el 78,6% de la deuda de la Comunitat Valenciana es injusta –más de 43.000 millones de unos 55.000–.

Esta reividicación no es nueva y ya se mantuvo durante los gobiernos de Ximo Puig, incluso con manifestaciones conjuntas en la calle contra la infrafinanciación que existía en la comunidad.

Algo parecido ocurre en Cataluña, pese a que con el actual modelo esta región no sale perjudicada. En marzo de este año, veintiuna instituciones de la sociedad civil y empresarial catalana suscribieron una declaración conjunta para reclamar un cambio «ambicioso» del modelo actual, que consideraban que no es «ni transparente, ni equitativo, ni eficiente».

En Andalucía no existe esa unión de la sociedad civil, empresarial y sindical. Políticamente, hay un acuerdo del Parlamento de Andalucía aprobado en 2018, pero la realidad es que no se ha cumplido e incluso solo sirve para que PP, PSOE e IU se reprochen su falta de compromiso con el dictamen.

Tampoco el Gobierno andaluz ha sabido aglutinar a la sociedad civil en torno a esta problemática. El 30 de julio de 2020 se firmó el primer gran acuerdo de la etapa de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía con sindicatos y patronal. El Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, que así se bautizó, fue firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresariso de Andalucía y los sindicatos UGT y CC OO. En 15 folios se detallaban una serie de medidas en los que al financiación se despachaba en tres líneas. Los firmantes reclamaban «disponer de un sistema de financiación autonómico equitativo en la distribución de los recursos por habitante utilizando criterios territoriales objetivos».

Posteriormente, el 22 de marzo de 2021 se firmó el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social; y el 13 de marzo de 2023 se rubricó el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. En ninguno de los dos acuerdos hay una mención específica y contundente a la fata de financiación autonómica que padece Andalucía y que le impide obtener recursos económicos suficientes para desarrollar muchas de las poíticas y compromisos que en esos acuerdos se plasman.

Esta semana, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ofreció al líder de la oposición un «frente común» desde Andalucía contra la promesa del Gobierno de la Nación de una financiación «singular» para Cataluña; este miércoles, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, reclamó una «movilización» de sociedad civil frente al nuevo «maltrato» a Andalucía que se avecina en financiación como en 1977 en defensa de la autonomía.