Energía, coches y agua entran en campaña

El medioambiente se ha colado con fuerza en el debate político de este año. El IPCC alertaba a finales del año pasado de la necesidad de recortar de forma urgente las emisiones de CO2 hasta un 45% para 2030 y, sin embargo, ya sabemos que 2018 ha batido un nuevo récord en lo que a emisiones se refiere. ¿Cómo afrontan los partidos el futuro mix energético o los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba la legislatura con algunas promesas no cumplidas. El 22 de febrero mandaba a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima, aunque se han quedado en un cajón la Ley de Cambio Climático (que el PP tampoco terminó) y la de Transición Justa, pendiente para el próximo Gobierno sea cual sea. Cada una de las formaciones afronta el cambio climático con mayor o menor ambición, sin olvidarse de la factura de la luz, cuya rebaja es una de las grandes promesas comunes (junto a la necesidad de aprobación urgente de la Ley de Cambio Climático). El PSOE quiere impulsar un Green New Deal, dicen en su programa, para que en 2030 el 74% de la electricidad sea renovable. Ya han anunciado el cierre de las centrales de carbón y las nucleares, aunque para éstas se ha pactado con las empresas del sector un calendario algo más lento del anunciado en un principio. Ahora podrán estar operativas hasta 2035.

El programa del PP no entra en cifras concretas cuando afirma que «impulsaremos una reducción de emisiones que cumpla los objetivos comprometidos por España para 2030, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, industriales y de aislamiento energético de España». En un reciente debate electoral sobre el modelo de desarrollo sostenible que tuvo lugar en el Congreso Conama Local de Toledo, Alberto Casero, secretario Ejecutivo Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático del PP, afirmó que «el discurso se centra en acometer un proceso de transición competitivo en el que las tecnologías entren en el sistema cuando puedan competir de forma eficiente. La energía no puede cambiarse de la noche a la mañana». Su propuesta también incluye revisar el cierre de las nucleares y analizar el impacto del apagón en la factura.

La formación Unidas Podemos se muestra muy crítica con el retraso de la Ley de Cambio Climático y basa su apuesta en el programa Horizonte Verde, es decir, en un modelo 100% renovable y un cierre nuclear en cuanto acaben las licencias de operación de las centrales, esto es antes de 2024. Otra de las grandes apuestas que desarrollan con detalle es el Plan de Rehabilitación Energética: «movilizando cada año un 2,5% del PIB podríamos rebajar un 90% las emisiones para 2040 y crear 600.000 empleos rehablitando 500.000 viviendas el año». También hablan de crear una empresa pública de energía o que el término fijo de la factura no sea superior al 25% de la misma para contener el gasto de las familias.

Ciudadanos habla de crear un Plan Estratégico de Transición Energética para 2030-2050 con «ambiciosos» objetivos, pero cuando se trata de dar cifras remite al cumplimiento de la Agenda Europea para 2020, el famoso 20% menos de emisiones GEI, 20% energía renovable y 20% más de eficiencia energética. Entre las medidas incluyen un plan específico para incorporar renovables a las plantas desalinizadoras. «El cambio climático es una oportunidad para el empleo en el sector renovables. Hay cosas que no nos estamos tomando en serio, por ejemplo, la eficiencia energética. Solo un dato: en el Congreso de los Diputados la forma de regular la temperatura consiste en abrir y cerrar las ventanas», afirma José Luis Martínez, ex diputado de Ciudadanos y portavoz en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso.

Movilidad

El PSOE quiere que haya en circulación unos cinco millones de vehículos eléctricos para 2030, aunque no se sabe qué pasará con los diésel si vuelve a formar Gobierno, puesto que poco más se sabe de su anuncio de prohibir la circulación de vehículos movidos por combustibles fósiles desde 2050 o su idea de subir el impuesto a los diésel. En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto «eliminar las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel» y aprobar planes autonómicos y locales para la renovación de los vehículos más contaminantes. La intención es hacer política a medio plazo porque «los eléctricos no valen para el transporte por carretera y la mitad de la flota es diésel», explica Casero.

La formación violeta aboga por una flota 100% eléctrica y no contaminante para 2040, para lo que propone incentivar el transporte público y extender el modelo de Madrid Central a otras ciudades. Ciudadanos aboga en su programa por la Neutralidad tecnológica, es decir, por apostar en cada momento por la tecnología que más se adecúe a los objetivos planteados. También mencionan la Creación de una Autoridad de Movilidad Sostenible que incluya a todas las administraciones.

Caudales

La gestión del agua divide a los partidos, aunque todos se muestran de acuerdo en la necesidad de un gran Pacto Nacional del Agua. Y es que las reglas de juego están cambiando por el impacto del cambio climático y también por la sentencia histórica del Tribunal Supremo que exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo, que cuestiona el trasvase al Segura y la futura política de agua. El PSOE afirma tener ya en marcha un Libro Verde sobre Gobernanza del agua que recoge las exigencias europeas en materia de caudales ecológicos. Además, quiere centrar parte de sus esfuerzos en Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua. Hay que recordar que España ya tiene una multa de 12 millones de euros por incumplir la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales.

El PP es favorable a mantener los trasvases y la interconexión porque duda del argumento de que en España todas las cuencas sean deficitarias. También tiene un Plan Nacional de Regadíos para 2025 que incluye la posibilidad de más regadíos.

En contraposición, Unidas Podemos cree que hay que acabar con la política de grandes infraestructuras, replantearse algunos regadíos y controlar los pozos ilegales de extracción. Ciudadanos centró su discurso en Conama en la necesidad de invertir 12.000 millones de euros en mejorar las infraestructuras de distribución para que no se pierda agua en la red y en la importancia de la desalación.

La España vaciada

El desarrollo rural se ha erigido protagonista de los debates. Quien más quien menos propone medidas e incentivos fiscales para volver a repoblar la España vaciada. PSOE habla de crear un Fondo Social que ayude a crear empleo para jóvenes y mujeres y de llevar conexión a internet a todo el territorio, además de apoyar nuevos servicios forestales como la biomasa residual. El PP habla de establecer Planes de Desarrollo Rural para hacer de la actividad agrícola, ganadera y forestal «verdaderos motores de dinamización económica», llevar la conectividad a todo el territorio o una reforma a Ley del Suelo para facilitar la implantación de industrias en suelo rústico. Unidas Podemos, además de la conexión a internet o una reducción del IBI a las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, habla de atender la demanda de transporte de tren para todos lo municipios de 20.000 habitantes para 2030. «Durante 30 años la inversión ha ido a parar al AVE, mientras las líneas de media distancia han desaparecido», dice Juantxo López de Uralde, cofundador de Equo y candidato por Unidas Podemos. Ciudadanos también incluye una propuesta de servicios sociales integrales, de mayor calidad y más cercanos en toda España para la igualdad de territorios; otra propuesta es bajar el IRPF un 60% a quien se empadrone en núcleos rurales. Y para mujeres y jóvenes un IRPF súper reducido de 30 euros para favorecer el emprendimiento. Y anuncia un Plan nacional de reforestación con 500.000 árboles durante la legislatura.

Caza

La caza como motor de desarrollo también ha centrado el debate. Las propuestas más extremas van desde intentar cambiar la Ley de Parques Nacionales para permitir la actividad cinegética hecha por la formación VOX a la posición de Pacma (la formación animalista podría tener presencia parlamentaria por primera vez, dice la encuesta el Centro de Investigaciones Sociológicas) que aboga por la prohibición total de esta actividad. El PP afirma en su programa la intención de establecer «apoyos al sector, una actividad con alto valor medioambiental y económico», Ciudadanos pide una licencia única en todo el Estado y el PSOE dice que «como cualquier actividad tiene que cumplir con la legislación vigente y garantizar la sosteniblidad y biodiversidad», explica Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Unidas Podemos afirma que en muchos casos necesita más regulación y piden una Modificación del Código Penal para que el maltrato incluya a los animales salvajes.