Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias acudirán a la Justicia si el Gobierno no permite cazar al lobo

Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia recurrirán judicialmente la orden ministerial que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial en el caso de que llegue a publicarse y seguirán su propia estrategia basada en censos actualizados. Y ponen fecha para ello, antes del próximo 15 de junio.

Una decisión que han justificado en León los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Cantabria, Guillermo Blanco; de Asturias, Alejandro Calvo, y de Galicia, Ángeles Vázquez, después de haber mantenido un encuentro con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de índole nacional.

De esta manera, según explicaba Suárez-Quiñones, se exige la retirada inmediata de la propuesta de la orden ministerial y si esto no sucede se presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y se pedirán «medidas cautelarísimas» con las que poder paralizar la eficacia de la orden ministerial hasta el pronunciamiento final de los tribunales.

Los representantes de las cuatro Comunidades alegan que la propuesta de orden carece del rigor científico necesario y que los único motivos de conclusión son «culturales y ecológicos» unos motivos que ya están contemplados en los planes de gestión de las Comunidades Autónomas y se ha recordado que este cambio de estatus legal de la especie iría en contra de la actual estrategia, acordada en el año 2005 por unanimidad de todas las autonomías.

Además, se vuelve a recodar que las mejores poblaciones de lobo son las que se encuentran en el norte del río Duero, donde ya se aplica un modelo que se quiera cambiar por otro que ha llevado a la desaparición de poblaciones protegidas de Sierra Morena, en Andalucía, y de Castilla La Mancha.

De nuevo, se ha vuelto a ofrecer al Ministerio la formación de una mesa de trabajo conjunta para revisar y actualizar la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo como primer paso fundamental para lograr el consenso y diálogo necesarios para lograr una solución a este conflicto.

Juan Carlos Suárez-Quiñones señalaba que “nuestra finalidad siempre ha sido defender a la ganadería de nuestros territorios, hacer posible su convivencia con el lobo y evitar el enorme peligro que supondría incluir al lobo en el LESPRE”. “Ahora nos vemos obligados a tomar decisiones que nos llevan a un escenario que no nos gusta y que no se corresponde con el actual estado de derecho democrático en el que convivimos”, ha indicado.

Por su parte, el representante de Cantabria, Guillermo Blanco, ha denunciado el “desprecio” del Gobierno de España con el pronunciamiento de los parlamentos regionales y la Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia.

La consejera de Galicia, Ángeles Vázquez, consideraba que la decisión del Ministerio es una auténtica amenaza para lograr el equilibrio necesario en la convivencia entre el lobo y el ser humano, especialmente ante el incremento exponencial de ejemplares en los últimos años y lamentaba que el Ministerio haya decidido romper el consenso con las Comunidades Autónomas.

Por último, el consejero de Asturias, Alejandro Calvo, defendía la recuperación del diálogo y el consenso entre las Comunidades Autónomas y el Estado para poder gestionar de manera adecuada un asunto tan complicado como la coexistencia entre ganadería y el lobo.