Visto bueno a la ambiciosa Ley del Tercer Sector en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León aprobaron, con la abstención del Grupo Socialista y de los dos procuradores de Podemos y el apoyo del resto de los partidos, la Ley del Tercer Sector, una norma que según destacó la consejera de Familia e Igual de Oportunidades, Isabel Blanco, es fruto del “diálogo permanente” con todas las entidades del tercer sector y vendrá a dotar al mismo de estabilidad financiera.

Blanco explicó que con la nueva norma se pretende consolidar el esfuerzo de la Junta viene haciendo desde el inicio de la legislatura para reforzar el apoyo, el diálogo y la participación de las entidades del tercer sector que trabajan por y para las personas más vulnerables de la Comunidad.

Plataforma

En este sentido, además del apoyo financiero constante, la consejera se refirió a la creación de la Plataforma del Tercer Sector o la puesta en marcha de la sección de colaboración con estas entidades en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, que a partir de ahora será el órgano de diálogo y participación permanente entre el tercer sector y la Junta.

La Comunidad, según explicó Blanco, cuenta con casi 3.300 entidades sociales, presentes en 1.100 localidades y que atienden a 700.000 personas a través de los 6.851 servicios que prestan. Además, puso en valor que se trata de entidades que se han volcado en los más desfavorecidos convirtiéndose en un complemento eficaz del sistema de servicios sociales de las administraciones.

Con la nueva ley, la consejera indicó que el tercer sector contará con un marco jurídico nítido y que el texto recoge distintas fórmulas de colaboración con la administración, destacando la importancia de los conciertos, que se convierten en una herramienta para dar estabilidad económica y financiera a las entidades que prestan servicios sociales que requieren continuidad.

Blanco también indicó que con esta norma se adapta la Ley de Voluntariado a la realidad de la sociedad de la Comunidad y a la aparición de nuevas formas de voluntariado, además de mejorar su protección.

Durante el debate, al que asistieron desde la tribuna de invitados representantes de Cruz Roja, Cáritas, ONCE, EAPN y Cermi, se puso de manifiesto que el principal escollo para alcanzar la unanimidad fue la inclusión de la reforma de la Ley de Voluntariado en el nuevo texto, algo que fue rechazo de plano por el Grupo Socialista, que presentó veinte enmiendas, y por Podemos, que planteó quince.

El procurador socialista Rubén Illera lamentó que esta ley salga adelante seis años después de que el Gobierno aprobara la normativa de ámbito nacional, a la vez que calificó de “aberración” la inclusión de la Ley del Voluntariado en el texto. En este sentido, recordó el rechazo de organismo como el CES, el Consejo Consultivo o la propia Plataforma del Voluntariado.

A su vez, Illera criticó la falta de un órgano de participación y diálogo e indicó que se trata de una normativa “inacabada, sin contenido y que está generando malestar en el propio sector, ya que no cuenta con una participación real en la toma de decisiones”.

Por su parte, la procuradora de Podemos Laura Domínguez realizó las mismas críticas y también planteó la necesidad de dotar a la ley de una perspectiva de género, de ampliarla a entidades más allá de los servicios sociales y de establecer mecanismos para blindar a los colectivos más pequeños.

Mientras tanto, el popular Miguel Ángel García Nieto recalcó que se trata de una ley con un alto grado de consenso, dado que de las 68 enmiendas presentadas por los grupos políticos se aceptaron 25 y solo se mantienen vivas 36, mientras que once de las catorce presentadas por la Plataforma del Voluntariado se incluyeron once.

Además, destacó que se trata de la mejor oportunidad en tiempo y forma para reformar la Ley de Voluntariado y recordó que el 90 por ciento de las entidades de voluntariado pertenecen al tercer sector. García Nieto recalcó que es una ley necesaria y acusó al PSOE de plantear excusas sin argumentos para “ponerse de perfil y no apoyar la ley”.

En el mismo sentido se pronunció su compañera de bancada Inmaculada Ranedo, que afirmó que la ley incluye la perspectiva de género y que es necesario adaptarse a las nuevas fórmulas de voluntariado.

Por último, en el debate también intervino la procuradora de Cs Alba Bermejo, que subrayó que esta ley servirá para consolidar las políticas sociales de la Comunidad y mejorará la vida de muchos castellanos y leoneses.