Las restricciones por la covid y la caza del lobo, principales consultas ciudadanas

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha dado a conocer este jueves la Memoria de su actividad en 2022, en el que ha emitido 700 dictámenes, 27 por ciento más que en 2021, de los cuales un centenar de ellos han tenido que ver con la pandemia del coronavirus, el asunto con más consultas por parte de la ciudadanía, sobre todo en lo referente a las restricciones horarias y las indemnizaciones por efectos secundarios de una de las vacunas anticovid, junto a la situación de los permisos de caza del lobo tras la suspensión judicial del plan cinegético autonómico.

Su actividad durante el pasado año, además, se ha completado más de 200 resoluciones de recursos a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), cuyas funciones las tiene asumidas el Consultivo y que es el encargado de resolver antes de su judicialización, los recursos contra adjudicaciones administrativas y procesos de contratación pública.

"Hemos vuelto a una actividad similar a la de antes de la pandemia después de unos años con menor actividad", decía el presidente del Consultivo, el jurista Agustín Sánchez de Vega, mientras destacaba el aumento de las reclamaciones de la hostelería por el perjuicio que le supusieron las restricciones horarias.

A ese respecto, en las limitaciones que tuvieron lugar durante el Estado de Alarma el Consultivo ha considerado que el asunto excede las competencias autonómicas y en el periodo intermedio no procede atender las reclamaciones porque las medidas preventivas eran las consideradas como las más eficaces.

Igualmente, ha habido una reclamación contra la Administración por daños por los efectos secundarios sufridos tras la administración de una de las vacunas frente al covid-19, concretamente la de Astrazeneca, mientras que el pasado año llegaron al Consultivo 78 asuntos por perjuicios a los cotos de caza por la prohibición de cazar el lobo al suspenderse el plan cinegético por resolución judicial.

Estas reclamaciones fueron desestimadas todas ellas porque, según ha argumentado el presidente del Consultivo, las etiquetas de caza que recibieron los cotos no constituyen una autorización administrativa explícita y por lo tanto no cabe indemnizarles.

Por su parte, de los 208 recursos resueltos únicamente en catorce casos el recurrente acudió posteriormente a la vía judicial y de ellos en tan solo tres la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronunció en sentido contrario al del Consultivo, ha destacado Sánchez De Vega.

El acto de presentación de la memoria anual ha contado con la presidencia de los expresidentes autonómicos, Demetrio Madrid, José Constantino Nalda y Juan Vicente Herrera, y ha estado presidido por el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Carácter esencial

Este último destacaba la importancia y carácter "esencial” de la labor que desarrolla el Consejo Consultivo de Castilla y León, como hacen órganos de similares características en otras comunidades autónomas y en el Estado. “Estoy plenamente convencido de que, si se hubiera acudido a ellos en los momentos oportunos, el Tribunal Constitucional habría dictaminado en situaciones distintas y no habría tenido que anular importantes decisiones de los respectivos gobiernos autonómicos o del propio Gobierno de España”, afirmaba Mañueco, convencido de que si se hubieran respetado sus informes, se habría evitado, sin duda alguna, un gran perjuicio a las personas de nuestra comunidad autónoma y de nuestra nación y se habría reducido una notable alarma social, en referencia a “reformas urgentes de algunas leyes poco meditadas”, según apuntaron fuentes de la Administración autonómica.

El jefe del Ejecutivo autonómico aseguraba que la Memoria vuelve a reflejar la utilidad de la Institución y la eficacia de la labor que hace desde hace dos décadas, lo que, en su opinión, supone un gran beneficio para la Administración, "que disfruta de la certeza de que nuestras decisiones se hacen conforme a Derecho".

"El Consultivo promueve más garantía y es capaz de colaborar para ajustar nuestra actuación al ordenamiento", apuntaba el presidente, para quien esta labor de calidad "ahorra" mucho trabajo a los tribunales, pues una actuación pública depurada evita que la acción jurisdiccional tenga que invertir en más ocasiones. También ponía en valor la autoridad del Consejo Consultivo de Castilla y León, "que se ha consolidado como principal referencia jurídica".

Además, recordaba que ha reconocido en sus decisiones los perjuicios derivados de la prohibición de la caza del lobo así como la ausencia de responsabilidad del gobierno de Castilla y León. "Es bueno decirlo porque no todos los días ocurre eso”, señalaba.