La quita separatista de la deuda supone 523 euros a mayores para cada castellano y leonés

Rechazó desde Castilla y León al proyecto de Ley Orgánica sobre la quita de la deuda autonómica que este martes aprobará el Consejo de Ministros. Así lo ha manifestado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, por ser «contrario al interés general y al de Castilla y León». Además, reiteró que, tras la aprobación de la iniciativa, cada ciudadano de la comunidad castellano y leonesa deberá 523 euros más que antes, «dado que lo que nos quieren quitar como castellanos y leoneses (3.000 millones) es menor de lo que asumimos como españoles».

Unas declaraciones realizadas a la agencia Ical, y donde Fernández Carriedo indicó que el proyecto de ley, «que se aprueba para dar cumplimiento al acuerdo con ERC que le permitió a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno», implica que «los españoles pasemos a asumir la deuda de una comunidad autónoma», pese a que tanto la AIREF y otros analistas han visto «contraindicaciones claras», como que se incurre en desigualdades entre los territorios, «que crea una imagen de que las deudas no hay que pagarlas» y que es negativo para la solvencia de la Hacienda española.

Asimismo, la Junta, que presentará un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la ley, entiende que la los criterios para aprobar la quita responden a los intereses de Cataluña y penalizan a las comunidades, como Castilla y León, que han bajado impuestos y que están menos endeudadas y «crea un precedente» que se contradice con las llamadas al rigor fiscal de las autonomías.

«No necesitamos una quita de la deuda, porque nosotros pagamos nuestros compromisos; lo que necesitamos es un sistema de financiación autonómico que se fije en la ruralidad, que mire a los pueblos y lo que cuesta la prestación de servicios», remarcó el consejero.

Además, aseveró que se puede hacer mucho más para combatir la despoblación, «como por ejemplo diseñar un sistema de financiación autonómica que se fije en la singularidad de lo rural, que tenga en cuenta el coste efectivo y real de llevar el Estado de Bienestar a los habitantes de los pueblos». «La quita sólo se ha hecho pensando en los partidos separatistas y no soluciona el problema principal que es la insuficiente financiación que recibimos», finalizó.