La Generalitat no descarta ahora pedir ayuda al Ejército para el rastreo de casos en Cataluña

Giro en la actitud de la Generalitat con el Ejército. Después de mostrar una manifiesta hostilidad hacia las Fuerzas Armadas durante la primera ola de coronavirus en marzo, el Govern ha optado ahora por mostrarse más prudente y receptivo al ofrecimiento del Gobierno de poner a 2.000 rastreadores militares a disposición de las autonomías. De hecho, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha ilustrado hoy de forma clara el viraje de la Generalitat en este sentido: «Si una cosa hemos aprendido en esta pandemia es no hablar categóricamente nunca más de si haremos o no haremos seguro una cosa u otra. Lo que tenemos claro es que haremos lo que sea necesario para preservar la salud de los ciudadanos», ha afirmado la portavoz.

Lo cierto es que la Generalitat quedó atrapada en la dinámica de la confrontación con el Gobierno durante el inicio de la pandemia y menospreció cualquier ayuda del Ejército. Si bien, poco a poco, tuvo que ir rectificando y, desbordada en las residencias, se vio obligada a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas, sobre todo, para labores de desinfección. Durante este tiempo, los catalanes también han mostrado su apoyo y aprobación a la actividad del Ejército en Cataluña, tal y como se desprendió del último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat –el CIS catalán–, donde se puso nota al papel de las instituciones frente a la Covid: obtuvo un 5 de nota media, por encima del Parlament (4,8) y ligeramente por debajo del propio Govern (5,04). La Guardia Civil y la Policía Nacional cosecharon un 5,38; los Mossos d’Esquadra, los mejores valorados, un 6,38.

Tras la experiencia pasada, por tanto, parece que entre el gobierno catalán se ha impuesto ahora la prudencia. De momento, si bien es cierto, cuentan con equipo de rastreadores (1.688) que han reforzado recientemente, ya que se demostró como una de las carencias a principios de julio, cuando empezó a golpear la segunda ola de coronavirus. «Tenemos un sistema propio de rastreo. Se han multiplicado los efectivos de rastreo. En este momento no es necesario, pero eso no quiere decir que si en un momento es necesario, podamos pedir lo que consideremos oportuno», ha precisado Budó.

La Generalitat tampoco descarta hacer uso del estado de alarma, aunque, de momento, las autoridades sanitarias tampoco lo consideran necesario. En todo caso, desde el Palau de la Generalitat se advierte que no van a anticipar una decisión hasta que no conozcan los detalles de la propuesta de Sánchez ante la desconfianza que despierta el presidente del Gobierno en las filas independentistas tras la gestión durante la primera fase de la pandemia.

En el Govern confían en que la situación epidemiológica se reconduzca en los próximos días gracias a las medidas impuestas –prohibición de reuniones de más de 10 personas– y eso permita alcanzar una entrada de curso escolar con garantías y aleje la sombra del estado de alarma, que, en un principio se rechazó tajantemente, pero, poco a poco, parece irse corrigiendo la postura –también son conscientes de que no tendría una aplicación inmediata porque requeriría de un proceso de aprobación en el Congreso–.

De decretarse el estado de alarma supondría que empeora mucho la situación sanitaria y, también, podría alterar el horizonte político de Cataluña e impedir que Torra despida la legislatura como president. Su voluntad es convocar las elecciones antes de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo y, por tanto, planea firmar el decreto de convocatoria el 18 de septiembre –un día después de la vista ante el Alto Tribunal–para que los comicios se celebren el 15 de noviembre.

Si bien, esas fechas se antojan de máxima sensibilidad porque la vuelta al cole está fijada para el 14 de septiembre. 72 horas antes, además, se celebrará la manifestación independentista de la Diada, para la cual la Generalitat ha dado ya el beneplácito y está dando las instrucciones necesarias para que se desarrolle bajo medidas de seguridad, pese al evidente riesgo que suponen las concentraciones.

Asimismo, el Govern también ha cargado hoy contra el Gobierno y su gestión de los efectos económicos y sociales. En este sentido, ha reclamado que se aceleren los trámites y pagos de los ERTE pendientes; ha exigido que se resuelva de qué manera se garantizará a los padres que se tendrán que quedar en casa a cuidar de sus hijos si no pueden acudir al centro educativo por contagios o porque deban hacer cuarentena –planteó un permiso retribuido, un subsidio o una baja temporal–; y, ha pedido que se solucionen las trabas para el acceso al Ingreso Mínimo Vital.