La Generalitat recurrirá la decisión del TSJC, pero activa ya el dispositivo electoral para votar el 14-F

El Govern de la Generalitat ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mantener las elecciones para el 14 de febrero, aunque también ha activado ya el dispositivo electoral para poder votar. Tanto la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, como el conseller de Exteriores (encargado de los procesos electorales), Bernat Solé, han pedido al TSJC que resuelva con máxima “celeridad” el pleito para dar “certezas” a la ciudadanía.

Budó ha asegurado que el Govern presentará las alegaciones contra el decreto el jueves. No obstante, Solé ha asegurado que la Generalitat ha reactivado todos los procedimientos para que se vote el 14 de febrero, como el sorteo de los miembros de las mesas electorales, que corresponde a los ayuntamientos, o la proclamación de las candidaturas. “Todos los trámites que estaban iniciados, siguen”, ha afirmado Solé. El propio conseller, eso sí, ha asegurado que la Generalitat había previsto todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los votantes el 14 de febrero y, por tanto, ahora considera que no habría que tomar ninguna medida adicional porque la Ley tampoco da más margen.

Solé también ha dicho que tiene intención de convocar la mesa de partidos como “espacio de diálogo y consenso” para valorar con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria qué hacer. El conseller también ha reivindicado que el aplazamiento de las elecciones tuvo un respaldo “unánime” y que la fecha del 30 de mayo consiguió el apoyo mayoritario de los partidos y, por ello, ha acusado al PSC de “intereses electorales” al haber mostrado su discrepancia.

Budó también ha subrayado que es una “suspensión de carácter instrumental” y confía en que con las alegaciones consigan la razón. En este sentido, ha destacado que se pondrán encima de la mesa los informes sanitarios que desaconsejan que la celebración de las elecciones en febrero. En la Generalitat creen que bajo las actuales circunstancias “no está garantizado” el derecho a voto por su situación epidemiológica (se estima que unas 200.000 personas en cuarentena sin podar ir a las urnas) o por las restricciones que hay en vigor.