1-O: el referéndum imposible

El independentismo ha llegado al cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-O más dividido que nunca sobre la estrategia a seguir y el rumbo que debe tomar el «procés» en esta nueva etapa política que se avecina, marcada por el diálogo y la relación de conveniencia entre Esquerra y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Ninguno de los actores protagonistas del otoño de 2017 quiere ahora otro 1-O, ya sea por centrar su discurso únicamente en la independencia sin concretar cómo ni con qué plan (Junts) o bien por fiar su supervivencia política a una vía pragmática y negociada (ERC).

Cuatro años después, el tiempo equivalente a una legislatura corriente, Pere Aragonès está al frente de la Generalitat y ha aparcado explícitamente la estrategia unilateral –Oriol Junqueras fue quien puso voz al giro– para apostar por una hoja de ruta posibilista y pactista. La mesa de negociación con la Moncloa es el gran compromiso arrancado que sitúa a los republicanos en el centro del tablero y las referencias a otro 1-O siempre son para presionar al Gobierno y prometer una negociación ardua y larga. «Cataluña volverá a votar, el referéndum es inevitable» avisó ayer el president Aragonès en un mensaje más dirigido al propio independentismo que al Gobierno. Es decir, pese a que no haya plazos ni horizontes, Esquerra no renuncia al objetivo del referéndum.

«No» al órdago de la CUP

En clave interna, el Govern de Pere Aragonès respira al haber esquivado esta semana la primera prueba de fuego planteada por la CUP: los anticapitalistas, cuyo apoyo sustenta de forma externa al Ejecutivo, han intentado poner entre la espada y la pared a ERC y Junts al exigir otro 1-O esta legislatura, en concreto antes de 2025. Una reclamación que el president no dudó en rechazar públicamente en el Parlament bajo el argumento de que un referéndum unilateral no está contemplado en el pacto de investidura de hace apenas cuatro meses.

Los republicanos se abstuvieron en la votación y contaron con el respaldo del partido de Puigdemont, muy molesto con la CUP por impulsar una propuesta de resolución sobre la autodeterminación que deja expuesta a Laura Borràs y al resto de miembros de la Mesa a una posible investigación judicial. Junts fue un paso más allá e incluso se opuso a fijar otro 1-O en cuatro años. Los posconvergentes necesitan ordenar el partido en clave interna y preparar las municipales de 2023 mientras ponen el foco en la causa de Puigdemont, pendiente de la justicia italiana.

Y los partidos del Govern han zanjado el envite de esta semana aprobando una resolución que únicamente habla de referéndum «acordado». El mandato defiende el derecho a la autodeterminación como la «única vía democrática» para resolver el «conflicto político entre Cataluña y el Estado» y señala que sólo una consulta acordado podría «sustituir» el 1-O. Es decir, sólo hablan de referéndum «pactado» e incluso se emplazan a «explorar complicidades y la posible intervención de organismos europeos e internacionales para conseguir un referéndum acordado» Un redactado a dos bandas que da mucho margen al Govern pese a la evidente división dentro del independentismo. Los presupuestos catalanes serán el siguiente escollo a salvar por parte de Aragonès.

En el lado del Gobierno y pese a la insistencia del independentismo en fijar la autodeterminación y la amnistía como líneas rojas, el límite es el marco constitucional –en el que no cabe un referéndum pese a que Aragonès pida ahora una ley específica– y el horizonte es una hipotética reforma estatutaria que restañe los artículos recortados por el Constitucional en 2010. El PSC, además, ha cerrado filas en clave interna y se ha recuperado de su travesía en el desierto –vuelve a ser la formación con más votos en Cataluña– tras haber llegado a apostar por el «derecho a decidir» en 2012. Ahora, esta etapa está totalmente enterrada y su apuesta pasa por negociar la agenda del reencuentro con la promesa de votar el acuerdo que salga de la mesa en una consulta –nunca basada en un referéndum–, explorar la reforma del delito de sedición y apostar por el modelo federal como marco.

Las entidades independentistas ejercen de contrapunto y piden directamente hacer efectiva la declaración unilateral de independencia desde la calle. La ANC tampoco quiere otro 1-O al entender que Cataluña ya votó, aunque su fuerza ha quedado mermada en los últimos meses pese a las algaradas contra la Monarquía. Y es que el movimiento sigue adormecido y alicaído tras registrar importantes pinchazos en días clave: la Diada se convirtió en un plebiscito contra ERC y la mesa, mientras que la afluencia a las manifestaciones de ahora dista mucho de las de hace tres o cuatro años.