Colau o la imposible tarea de aprobar presupuestos en Barcelona

El último curso político antes de las elecciones municipales, como suele pasar, da comienzo con la titánica tarea de aprobar los presupuestos y, en el caso del Ayuntamiento, los impuestos municipales. Al fin y al cabo, los partidos que componen el arco municipal hace tiempo que velan armas con una aritmética endiablada como telón de fondo. Cabe recordar que la alcaldesa, durante los primeros cuatro años de mandato, tuvo que valerse de un subterfugio legal, una cuestión de confianza, para aprobar las cuentas. En la segunda legislatura se apoyo en partidos tan distantes como ERC y Valents. A nueve meses para que acabe el mandato, así pues, parece difícil que la alcaldesa encuentre socios dispuestos a negociar, pero, para empezar, el Ayuntamiento ya ha rechazado cualquier posibilidad de rebajas de impuestos municipales para 2023. Llegados a este extremo, Colau debería volver a apoyarse en la cuestión de confianza para aprobar las cuentas o bien explorar nuevas opciones como prorrogarlos.

En otras palabras, el gobierno municipal ha rechazado la propuesta del PP de reducir la presión fiscal para «compensar la escalada de la inflación» en la comisión de economía. Ambos socios de gobierno (BComú y PSC) y ERC han votado en contra, mientras que Junts, Ciutadans y Valents se han sumado a la demanda de los populares, que no ha prosperado.

El líder del PP en el Ayuntamiento, Josep Bou, ha asegurado que el aumento del coste de la energía y la inflación «pone en peligro la sostenibilidad de negocios y puestos de trabajo» y ha augurado que «esto es imparable». Por eso, el popular ha reclamado al consistorio, pero también al Estado y la Generalitat, reducir impuestos para «salvar autónomos y empresas». La petición del PP llega justo cuando el gobierno ni siquiera ha presentado la propuesta de ordenanzas fiscales (tasas municipales) y presupuesto para el próximo año como sí ha hecho ya la Generalitat.

En nombre del gobierno municipal, el concejal Xavier Marcé (PSC) ha asegurado que «la política fiscal del Ayuntamiento no es abusiva». En este sentido, Marcé ha recordado que en 2020, 2021 y 2022 una parte de las tasas se bonificaron por el impacto de la pandemia y que esto ha hecho reducir los ingresos en el consistorio. «Hay que tener un equilibrio razonable entre ingresos municipales y gastos», ha añadido Marcé, que no ve relación entre la inflación y la factura fiscal del consistorio.

Desde ERC, Miquel Puig ha dicho que los ingresos tienen relación con los gastos y que ahora no se puede pedir rebajar impuestos y tasas si no se negocia el presupuesto, tarea por la que se ha mostrado dispuesto. En cambio, Ferran Mascarell (Juntos) ha pedido no acentuar la presión fiscal, Paco Sierra (Cs) ha reclamado no consolidar «el hacha fiscal del 2020» y Eva Parera (Valents) ha dicho que bajar impuestos puede servir para «abaratir el coste de la vida».

Prórroga

En diciembre del año pasado, el gobierno municipal aprobó los presupuestos municipales para 2022, que crecían un 4,7 % con respecto al 2021, con un incremento de 153 millones de euros, una tendencia que desde el año 2015 ha hecho aumentar las cuentas de la ciudad en un 33,5 %, más de 850 millones de euros. La aprobación fue posible gracias al voto favorable del PSC y BComú. El grupo de ERC se abstuvo, mientras que Junts, Ciutadans y el PP votaron en contra.

Entonces también se aprobaron las ordenanzas fiscales, que preveían la congelación de impuestos e incorporaban la bonificación del 75 % de la tasa de terrazas, ferias y quioscos o de un 30 % de la tasa de recogida de residuos. Las ordenanzas recibieron luz verde del gobierno municipal, las abstenciones de ERC, Barcelona pel Canvi y la concejala no adscrita, y los votos en contra de Junts, Ciutadans y el Partido Popular.

Respecto a la liquidación, el Ayuntamiento cerró el ejercicio presupuestario de 2021 con un déficit de 64,7 millones de euros y una ejecución de las cuentas de un 95%, cifras que corresponden a un año en el que se inició la recuperación postpandemia del coronavirus, aunque de forma parcial. El concejal de Presupuestos, Jordi Martí, que informó del cierre de las cuentas, calificó los resultados de «muy positivos».

Martí señaló que el déficit previsto era de 150 millones de euros, por lo que los 64,7 millones citados supusieron más recursos para la caja del consistorio. Otro elemento destacable es el porcentaje de los ingresos corrientes que se han dedicado a inversiones, lo que se conoce como ahorro bruto., que superó el 15% recomendado (15,6%), lo que supuso una suma de 435 millones.