Hace justo un año, Salvador Illa se presentaba en la sede del PSC en la calle Pallars como el nuevo líder de una Cataluña que, por primera vez en más de una década, había dejado atrás la mayoría absoluta independentista. "Corresponde al PSC liderar esta nueva etapa y yo asumo la responsabilidad de concurrir a la presidencia de la Generalitat", proclamaba entre vítores. Doce meses después, y tras una investidura pactada en agosto con ERC y los Comunes, Illa encabeza un Gobierno sin mayoría parlamentaria, sin nuevos presupuestos, pero con la voluntad de transmitir estabilidad institucional y una nueva normalidad alejada del clima de confrontación del “procés”.

La gran debilidad del Ejecutivo socialista ha sido, hasta el momento, su incapacidad para sacar adelante unos nuevos presupuestos. La legislatura sigue funcionando con las cuentas prorrogadas del gobierno de Pere Aragonès y, aunque Illa ha sorteado momentáneamente el escollo gracias a los suplementos de crédito y el respaldo de sus socios de investidura, la falta de un nuevo acuerdo financiero evidencia los límites de su proyecto. En la Generalitat ya se asume que la negociación clave llegará tras el verano, con las cuentas de 2026 como principal prueba de fuego para la coalición que sostiene al presidente.

Esta precariedad parlamentaria ha quedado retratada en varias votaciones, en las que el Govern ha esquivado el naufragio a base de pactos puntuales. La alianza entre PSC, ERC y Comunes se mantiene viva, pero tensionada, especialmente ante la falta de avances claros en materias sensibles como el traspaso de Rodalies y el nuevo modelo de financiación. A la espera de un acuerdo bilateral con el Estado que permita a la Generalitat empezar a recaudar el IRPF el año que viene, Illa ha reiterado que su palabra es firme: “los acuerdos se cumplirán”.

De la sequía a la vivienda: cambio de prioridades

Cuando se convocaron las elecciones anticipadas del 12 de mayo de 2024, Cataluña se encontraba en situación de emergencia por la sequía, y ese era el principal problema percibido por los ciudadanos. Hoy, con los embalses llenos, la sequía ha desaparecido del radar ciudadano y ha cedido su lugar a una nueva urgencia: la vivienda.

Según las últimas encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió, el acceso a la vivienda es ya la mayor preocupación de los catalanes. Illa ha sabido leer ese cambio de prioridades y ha hecho de la vivienda el eje central de su acción de gobierno. Su promesa de construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030 con una inversión de 4.400 millones de euros ha sido su mayor baza, y ya se han anunciado más de 21.000 pisos en suelos municipales cedidos por los ayuntamientos. Es, además, el único gran asunto en el que el Govern ha logrado una alianza transversal de izquierdas que incluye incluso a la CUP.

No obstante, las políticas de intervención del mercado, como la regulación del alquiler de temporada, han generado fricciones con el tejido empresarial catalán, que empieza a reclamar una vía de diálogo más cercana a Junts, especialmente en materia económica.

Una agenda ambiciosa

La vocación de liderazgo económico ha sido otro de los pilares del primer año de Illa. En conferencias celebradas en Barcelona, Madrid y Bruselas, el president ha presentado el plan Catalunya Lidera, dotado con 18.500 millones de euros y con el objetivo explícito de disputar a Madrid el papel de motor económico del país.

El Govern ha querido escenificar un cambio de ciclo: recuperar empresas que se marcharon durante el procés, como La Caixa o Banc Sabadell, fomentar la inversión y reforzar la presencia catalana en Europa. En Bruselas, Illa ha hecho dos viajes institucionales para participar en el Comité de las Regiones y reunirse con líderes comunitarios como António Costa o Teresa Ribera, consolidando una presencia institucional que sus predecesores erosionaron con su estrategia de confrontación con el Estado.

Lejos de buscar la internacionalización del conflicto, como hicieron gobiernos anteriores, Illa promueve una Cataluña europeísta, leal al Estado y con voz propia en Bruselas.

Del "procés" a la "normalización"

Una de las banderas del Govern es la “normalización institucional”. Desde el minuto uno, Illa ha evitado caer en el juego de la gesticulación y ha apostado por una política de perfil bajo, con escasas salidas de tono y una voluntad constante de evitar la polarización. El independentismo, que llegó a dominar el debate público durante una década, ha pasado a un segundo plano.

Así lo reflejan también los barómetros del CEO: la relación entre Cataluña y España, que ocupaba el tercer puesto en la lista de preocupaciones de los ciudadanos antes de las elecciones, ha descendido al octavo lugar. La fatiga social ante el conflicto político y la prioridad de los problemas materiales han abierto un nuevo espacio que Illa intenta ocupar con pragmatismo y gestión.

Eso no significa que las turbulencias hayan desaparecido. El Parlament sigue siendo un terreno inestable, donde los vetos cruzados entre socios son frecuentes y las amenazas de ruptura flotan en el ambiente. Junts mantiene una actitud de oposición frontal, y en el otro lado se encuentran PP, Vox y Aliança Catalana, poco proclives a entenderse con Illa.

El futuro inmediato: Rodalies y financiación

Los próximos meses serán decisivos. La puesta en marcha de la empresa mixta para gestionar Rodalies antes de fin de año será una prueba crucial de la capacidad del Govern para traducir sus promesas en hechos. A ello se suma la negociación del nuevo modelo de financiación, una carpeta especialmente delicada que puede tensar aún más la relación con el Gobierno de Sánchez, en pleno contexto preelectoral.

Con el recuerdo del fracaso presupuestario de ERC aún fresco, que forzó la convocatoria anticipada de las elecciones de 2024, el PSC deberá demostrar que su liderazgo puede ir más allá del discurso de moderación. A falta de grandes gestos, la legislatura se juega en la letra pequeña: vivienda, cercanías, financiación y estabilidad.