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Vídeo: denuncian a unos "okupas" en Olot (Girona) que llevan 4 años sin pagar nada y reciben unas ayudas anuales de más de 30.000 euros del Gobierno

Estas acciones ilegales en viviendas ajenas han crecido un 82 % en Cataluña en los últimos seis años

Una casa "okupada", en Cataluña
Una casa "okupada", en CataluñaGoogle

Cataluña sigue copando casi la mitad de las "okupaciones" en España, y con un aumento del 87 % de estas acciones en los últimos 6 años, nada parece indicar qjue la situación vaya a cambiar de forma inmediata. Tampoco en Olot (Girona). "Hoy nos encontramos delante de un desahucio de una familia que lleva cuatro años sin pagar el alquiler”, relata el dirigente de Aliança Catalana Jordi Coma desde Olot. Según explica, “desde servicios sociales y desde la agencia estatal de la administración tributaria, está acreditado que perciben unos ingresos de 30.185 euros anuales”. La opinión de los vecinos sigue la misma línea, y el hartazgo es más que generalizado.

Coma denuncia también que la familia ha convocado a la plataforma antidesahucios para evitar el desahucio. No solo eso, sino que además el Consorcio de Acción Social de la Garrotxa, organismo público perteneciente al ayuntamiento y el consejo comarcal, se ha opuesto al desahucio. “¿Esto lo tenemos que tolerar?”, pregunta Jordi Coma en el vídeo, y afirma que desde Aliança Catalana “lo pararemos”.

El municipio de Olot tiene a día de hoy unas sesenta viviendas ocupadas que generan problemas de convivencia con los vecinos. Según el alcalde, Pep Berga, ésta es una de las principales preocupaciones del municipio. Berga ha destacado que en la capital garrochina hay cerca de un centenar de pisos ocupados más pero son "personas sin recursos" y con quien la Policía Local "no es especialmente incisiva".

Los datos se han anunciado durante la Junta de Seguridad Local de Olot, donde también ha participado el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, quien ha reivindicado un cambio normativo a nivel estatal para reducir "la incertidumbre" que tienen los cuerpos policiales en las actuaciones relacionadas con los empleos conflictivos.