Yosef Faradji encabeza la lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria catalana con más de 52 millones de deuda

Yosef Faradji figura como el mayor deudor de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a cierre de 2024, con una deuda de 52,34 millones de euros, lo que representa el 34,2% del total pendiente de cobro, según la lista publicada este lunes por la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat.

El listado, que incluye a personas físicas y jurídicas con deudas o sanciones superiores a los 600.000 euros, recoge un total de 58 contribuyentes que deben en conjunto 152,98 millones de euros. Esta cifra supone un incremento significativo respecto a años anteriores: en 2023 se contabilizaron 50 deudores con 83,3 millones de deuda, y en 2022 fueron 41 deudores por un total de 73,8 millones.

Tras Faradji, el ránking lo completan empresas ya habituales en este tipo de listados, como la sociedad Playbadalona, propietaria de locales de bingo, con 9,3 millones; Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües, con 8,1 millones; y Rec Madral Companyia d’Aigües, con 7,94 millones.

En la relación también figuran particulares como Adrià Camp Buendía (4,39 millones), Jordi Dalmau Orriols (4,24 millones), Ana María Borrell Marín (3,4 millones) y Michel de Haro Romano (3,04 millones), además de empresas como Moramar, con 3,2 millones de deuda.

Una deuda disparada por un solo nombre

El aumento del 83,5% en el volumen de deuda respecto a 2023 se explica en gran parte por la entrada en escena de Faradji, sobre quien apenas se conocen detalles, pero cuya deuda con Hacienda representa más de un tercio del total. Incluso sin contar su caso, la deuda global de los grandes morosos habría crecido más de un 20% respecto al ejercicio anterior.

La ATC incluye en este listado deudas y sanciones relacionadas con tributos propios o cedidos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, patrimonio, la tasa sobre el juego o el canon del agua, aplicado por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La publicación de esta lista forma parte del plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal 2023-2026 y tiene como objetivo fomentar el cumplimiento de las buenas prácticas tributarias. Solo se hacen públicos los nombres de quienes superan los 600.000 euros de deuda y no hayan satisfecho sus pagos dentro del plazo legal o tras el periodo de alegaciones.

El documento refleja la situación a 31 de diciembre de 2024 y no contempla actuaciones posteriores, salvo en los casos en que se haya acreditado el pago completo de la deuda que justificaba su inclusión.