La responsable de la conciliación desmiente ante el juez a la cúpula de la EMT

Dos de las trabajadoras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia que declararon este miércoles ante el juez por el fraude de más de cuatro millones de euros confirmaron los fallos en el procedimiento que se seguía en la empresa y que facilitó la millonaria estafa. Así, según relataron, a principios del mes siguiente se sacaba el extracto bancario del mes anterior y lo punteaban con lo que tenían grabado. Una afirmación que contrasta con lo defendido por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi; su gerente, Josep Enric Alemany; y la directora de Gestión, María Rayón, que siempre han sostenido que el punteo era diario. Además, una de las trabajadoras afirmó que durante sus vacaciones no había ninguna persona directamente encomendada para sustituirla en sus funciones.

Reiteró que nunca ha tenido instrucciones ni obligación de efectuar una conciliación ni diaria, ni semanal de las cuentas bancarias. Que Rayón le comentó la posibilidad de que se realizaran las conciliaciones de manera diaria solo después de que se descubriera la millonaria estafa el pasado mes de septiembre.

Otra de las empleadas llamadas a declarar también ratificó que la revisión de la contabilidad se llevaba a cabo a mes vencido, así como el informe de seguimiento de las áreas para el Consejo de Administración, el de control presupuesto, el de los contratos de seguros, así como los informes de motivación para contratación de las necesidades del departamento financiero, entre otros.

Por su parte, la empleada de Caixabank (entidad financiera con la que trabaja el Ayuntamiento) que declaró, dijo que el banco advirtió ya a la EMT en la segunda transferencia (hubo ocho en total) de alarmas, pero que esta no tomó medidas. Según la representante de la entidad bancaria, las dos personas de contacto habitual eran Celia Zafra (la jefa de Administración despedida) y María Rayón. También señaló que no le pareció una operativa habitual y que en la segunda transferencia le saltó la alarma de que no coincidía la firma (aviso muy frecuente en clientes institucionales que puede obedecer a defectos de escaneo).

Asimismo defendió que el modo en que actuó cumplió con la normativa del SOBI para realizar transferencias.