El diputado Baldoví (Compromís), citado a declarar el próximo 17 de febrero

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sueca (Valencia), que investiga un supuesto caso de prevaricación por no haberse acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales, ha citado a declarar en calidad de investigado al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, el próximo 17 de febrero.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, Baldoví había sido citado inicialmente el próximo 22 de enero, aunque la citación se ha cursado de nuevo para el 17 de febrero.

Baldoví ha sido citado por su condición de exalcalde de Sueca, al igual que la actual secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat y también exalcaldesa de la localidad, Raquel Tamarit, también investigada en esta causa junto con dos funcionarios del área de Urbanismo que deberán comparecer el 22 de enero.

En esa citación, el juez instructor informa a Baldoví de la existencia de esta causa judicial para garantizar su derecho a la defensa y le da pie a que presente las alegaciones que crea oportunas, bien de forma presencial, bien por escrito.

Igualmente, podría hacer caso omiso a esta citación, prerrogativa que no tienen el resto de investigados no aforados, han informado las mismas fuentes, que precisan que esta citación atiende a la jurisprudencia del Tribunal Supremo -único tribunal competente para procesar a un diputado-, que reclama indicios sólidos antes de hacerse cargo de una causa de estas características.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada en 2007 por unos propietarios de una urbanización ante unas obras anexas sin licencia que incurrían además en un exceso de volumetría.

La ilegalidad de esas obras fue reconocida por el Ayuntamiento de Sueca, cuyos servicios jurídicos ordenaron la paralización de las mismas.

El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que dio la razón a los denunciantes, aunque las sucesivas órdenes, primero de paralización de las obras y después de demolición, nunca llegaron a ejecutarse.

El pasado 25 de enero, el Ayuntamiento decretó la caducidad y archivo del expediente, y en febrero abrió uno nuevo para dar cumplimiento a la sentencia del TSJCV, motivo por el cual los denunciantes plantearon una nueva reclamación judicial, que fue sobreseída inicialmente por el juez instructor, pero reabierta a instancias de la Audiencia Provincial.

A juicio de los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, la apertura de un nuevo expediente "no guarda relación con lo que fue el objeto del procedimiento, cuya caducidad se ha ordenado, ni podría impedir, en caso de acreditarse que la inactividad se reputase como injusta, que la conducta fuera penalmente relevante".

Estos mismos magistrados ordenaron, en consecuencia, que el Juzgado de Instrucción 2 de Sueca prosiguiese con la investigación y practicase cuantas diligencias considerase oportunas, y por este motivo se cita a los exalcaldes del municipio y a los funcionarios supuestamente implicados en el asunto.