El delito de odio sigue siendo silenciando en la sociedad

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha presentado esta mañana en Les Corts Valencianes la memoria de la Fiscalía de 2021, que recoge las estadísticas del año 2020, un ejercicio marcado por las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

De la presentación realizada por Gisbert y de las preguntas de los grupos parlamentarios (unas más trabajadas que otras) se desprenden dos asuntos principales, el primero es que el nuevo delito silente es el de odio, muy por encima de la violencia de género, ya que si bien en esta lacra social se denuncian entre un 20 y 30 por ciento de las agresiones, en el caso de los delitos de odio solo llegan a denunciarse entre un tres y un diez por ciento de los que se producen.

El otro aspecto que ha quedado de manifiesto en la explicación de la memoria aportada por la fiscal ha sido que la escasez de medios y la precariedad de recursos sigue siendo una constante, por más que se anuncien a bombo y platillo planes como el de la “Nueva cara de la Justicia” dotado con 200 millones, tal como denunció el diputado no adscrito Vicente Fernández.

Respecto a los delitos de odio, Gisbert ha animado a las víctimas a denunciar ya que sólo se han incoado 27 diligencias de investigación penal por delitos de odio en la provincia de Valencia, 7 en Alicante y ninguna en Castellón. En opinión de Gisbert, “falta mucha información” y son necesarias campañas que den a conocer la labor de las instituciones como las fiscalías y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ”Hay gente preparada, pueden acudir a la Fiscalía, deben denunciar, existen ayudas. Hay medios pero se desconocen”, ha insistido Gisbert para añadir que hace falta concienciar, tal y como ocurrió al principio con la violencia de género.

Respecto a la escasez de medios, la fiscal superior ha enumerado las necesidades de personal y de material, en concreto la creación de plazas de gestor para la organización del personal en todas las fiscalías de áreas -solo hay una plaza en Elche-, y la ampliación de dependencias de estas fiscalías para atender de forma adecuada a las víctimas y a los profesionales. Ha señalado que existe incompatiblidad entre el sistema de gestión procesal Cicerone y Fortuny, lo que obliga a consultar físicamente los documentos y ha destacado que el expediente electrónico, “no nos engañemos, ni está ni se le espera”. También ha reclamado la autonomía presupuestaria de la Fiscalía.

Además, en el turno de preguntas ha quedado de manifiesto que estas penurias que arrastra la Fiscalía se repiten año tras años sin que se resuelvan, y algunas son especialmente sorprendentes, como puede ser la falta de destructoras de documentos, o el hecho de que la Fiscalía de Alzira tenga un presupuesto de sesenta euros mensuales para sus gastos. A este respecto, y a preguntas del diputado José Císcar del PP, Gisbert ha dicho que sería muy necesario un presupuesto individualizado para la Fiscalía, desde una partida de los presupuestos de la Generalitat. Císcar le ha indicado que esta será una de las enmiendas que presentará su grupo a los presupuestos de la Generalitat pero que “falta que el ‘Botànic’ la apruebe”.

La diputada de Ciudadanos, Mamen Peris también ha denunciado que la infradotación de la Fiscalía se denuncia año tras año “sin que se haya hecho nada por paliar esta situación”.

Violencia de género

En cuanto a violencia de género, la Memoria recoge que en 2020 seis mujeres fueron asesinadas (cuatro en Valencia, una en Alicante y una en Castellón). La violencia tuvo mayor incidencia el año pasado por el confinamiento, también sobre los hijos, pese a que de marzo a mayo bajaron las denuncias de forma notable, si bien aumentaron las llamadas al teléfono 016 y Centro Mujer 24Horas.

La fiscal superior ha destacado que el cien por cien de las mujeres que denuncian en las oficinas de denuncia lo hace asistidas por letrado, una posibilidad que ayuda a que el procedimiento esté mucho más encaminado y la Fiscalía pueda intervenir mejor.

Por su parte, en los delitos contra la libertad sexual, los supuestos de violación aumentaron de tres en 2019 a cinco en 2020 en Castellón, así como las agresiones sexuales y abuso a menores de 16 años en Valencia. El descenso de los delitos de menores por el confinamiento no se dio en cuanto a la violencia intrafamiliar de menores a padres, que aumentó durante la pandemia, precisamente por el citado confinamiento.

Sobre los menores extranjeros o “menas”, la fiscal ha criticado que cuando cumplen 18 años no tienen su documentación, una situación que afecta a sus derechos fundamentales y por eso ha urgido a poner solución a estos problemas.

También ha enumerado que las fiscalías acogieron denuncias contra responsables políticos por falta de medidas preventivas en organización de celebraciones y contra Sanidad por responsabilidad criminal, todas ellas archivadas por imposibilidad de atribuir responsabilidad a los querellados.

Respecto a las residencias de mayores, Gisbert ha destacado que los fiscales han estado en contacto permanente y diario con todos los centros para tener información y conocer sus problemas y poder adoptar medidas para su protección durante la pandemia. La decisión de abrir diligencias civiles en las residencias con más de diez fallecidos fue “vital” para el control y seguimiento de estos centros. En Alicante se abrieron diez diligencias preprocesales civiles, algunas se archivaron tras el primer brote y otras siguieron abiertas para controlar su evolución; en Castellón fueron 10; y en Valencia, 18.

Gisbert solicitó en este punto la creación de una unidad de policía específica para inspeccionar la situación de las residencias, principalmente de ancianos.