El PP promueve una declaración institucional de apoyo al niño de Canet de Mar

El PP promueve una declaración institucional en el Ayuntamiento de València para mostrar “una condena enérgica y el absoluto rechazado a la campaña de acoso y amenazas dirigidas contra un menor de 5 años y su familia en Canet de Mar” (Barcelona) por pedir clases en castellano.

La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, ha anunciado que ya han enviado la propuesta a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, y espera que todos se sumen a la declaración en el próximo pleno “y no se excusen en cordones sanitarios para no firmarla”.

“Todos los demócratas debemos condenar esta campaña deleznable y exigir que se vele y se garantice la seguridad del menor y de su familia que sólo quiere estudiar en castellano”, ha afirmado Catalá, en un comunicado.

El PP ha condenado el silencio institucional del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido que el Ayuntamiento de València, como tercera capital de España, muestre su solidaridad con la familia.

“El Gobierno y el resto de instituciones implicadas deben garantizar la integridad y el interés superior del menor en defensa de sus derechos conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia”, ha señalado Catalá.

La declaración institucional recuerda que tras la decisión del Tribunal Supremo donde se avalaba la obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 25 por ciento del horario escolar en castellano, se ha iniciado “una campaña alentada por entidades radicales separatistas y por el propio gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha considerado como ataque muy grave la sentencia”.

Dicha campaña, añade el texto, incluye amenazas, difusión de datos personales de la familia y un señalamiento público y constante de la familia, acompañado del vacío y el señalamiento al menor durante las clases.

“Una especie de ‘apartheid’ moderno que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún ciudadano ni por ninguna institución pública en una democracia como la española”, indica.

“No podemos permitir que en nuestro país haya familias a las que se les impida ejercer un derecho reconocido por la Constitución”, ha afirmado Catalá.