Antifraude cifra en 23 millones la cantidad que podrá recuperar la Administración de la corrupción investigada en 2021

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha presentado esta mañana la memoria de la institución que dirige y la ha entregado también a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes.

Por vez primera, en esta memoria se cuantifica el importe que podrían y deberían recuperar las administraciones y que ha sido valorado en 23 millones de euros, de los que alrededor de veinte provienen de una investigación sobre un PAI en Burriana (Castellón). Según Llinares, de momento la administración ha recuperado 650.000 euros.

Además, Llinares ha hecho hincapié en que hasta 2020, la materia mayoritaria sobre la que se cursaban denuncias era la contratación pública, mientras que en 2021, la gestión de recursos humanos constituye el 48 por ciento de las denuncias, mientras que las de contratación pública son el 16 por ciento.

Y de este 48 por ciento, la mitad son denuncias por irregularidades en la contratación por parte de los ayuntamientos de agentes de la Policía Local.

Ha explicado que “hemos trasladado el modelo vasco de contratación donde se asume de forma centralizada las oposiciones a policías locales” y ha considerado que “es muy preocupante que en un cuerpo tan importante como éste que sus miembros ejercen la autoridad y van dotados de armas, sus oposiciones no sean totalmente transparentes”.

Llinares ha admitido que la administración valenciana, ante su propuesta de adoptar el modelo vasco de contratación centralizada, respondió que no tenía personal suficiente para hacerlo.

Además, ha lamentado que “alterar el proceso de selección de personal no ha tenido el reproche judicial porque no encaja en el tipo penal. Han de activarse los mecanismos de la Ley de Función Pública”.

También ha explicado que la proliferación de denuncias sobre los procesos de contratación se debe en parte a que se convocan más pruebas ahora que antes porque se han terminado las limitaciones en la tasa de reposición de plantillas. Además, estas “irregularidades” afectan a las personas, que son más dadas a denunciar que cuando es una empresa la perjudicada y que se piensa muy mucho si denuncia a la administración.

En las denuncias por irregularidades, las más denunciadas son las filtraciones de preguntas de exámenes y las retribuciones incorrectamente pagadas, como ha sido el caso de los complementos de productividad abonados a los concejales del Ayuntamiento de Valencia por el gobierno de Joan Ribó.

Llinares ha reconocido que “cuando hemos agotado todo el procedimiento, lo ponemos en la memoria. No podemos hacer más. La Memoria se entrega al Tribunal de Cuentas”.

Respecto a las contrataciones de emergencia motivadas por la pandemia, Llinares ha admitido que no es ilegal “pero es solo utilizable en situaciones de calamidad pública”.

Respecto al uso de de la Agencia como arma para la confrontación política, el director de la Agencia ha dicho que “muchos expedientes acaban en archivo, casi la mitad. O bien porque lo que se denuncia no es irregularidad, o porque lo que se denuncia es genérico y no se detalla. Hay denuncias que tienen un origen en las batallas políticas que se producen en la administración. Utilizar como arma política debería rechazarse. Si se denuncia corrupción sin ver lo que hace su propio partido, no se lucha contra la corrupción, se utiliza”.

Sin embargo, ha negado que sufran presiones políticas: “no sufrimos presiones políticas. Tenemos discrepancias y maneras de ver diferentes” y ha puesto como ejemplo al Parlamento valenciano: “cuando hemos planteado el presupuesto necesario para la Agencia, éste ha sido aprobado. Podría ser una forma de presión indirecta no entregar los medios. Afirmamos con toda rotundidad que el presupuesto presentado siempre ha sido aprobado”.

Además, ha contado que “estamos cerrando protocolos con administraciones y universidades para establecer canales internos de denuncia”.