Un fallo “flagrante” entre dos juzgados permitió que el parricida de Sueca mantuviera el régimen de visitas con su hijo

Jordi cumplió el sábado once años. Un día después su padre lo mataba con un cuchillo de cocina. Hay personas de su entorno que han declarado que había amenazado con matarlo, la abuela del niño corrió desesparada a pedir ayuda a la Policía cuando vio que no abría, había una orden de alejamiento de la madre del menor por malos tratos y ambos estaban divorciados. ¿Cómo es posible entonces que su padre pudiese pasar el fin de semana de su cumpleaños con él?

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado de que los cónyuges ratificaron el convenio regulador de custodia compartida sin informar al juzgado de que existía un procedimiento penal por malos tratos.

Dicho convenio fue establecido en julio de 2021, cuando ambos cónyuges presentaron una demanda de divorcio de mutuo acuerdo, y fue ratificado también por ambos en septiembre de ese mismo año.

El TSJCV explica que ninguno de los dos padres informó al juzgado que veía su proceso de divorcio de la existencia de un procedimiento penal abierto en agosto, un mes antes, que se cerró con una condena para el padre de 40 días a trabajos en beneficio de la comunidad, 8 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con su exmujer.

La sentencia se dictó el 12 de agosto por conformidad y por tanto es firme -por lo que la orden de alejamiento debería haber estado vigente hasta el próximo 12 de abril- y establecía la custodia y la patria potestad para la madre.

En consecuencia, esta decisión suspendía cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto de su hijo, y fijaba además una pensión alimenticia de 200 euros mensuales.

Ahora se trata de determinar si fue la familia materna la que accedió a llevar al menor con el padre durante unas horas con motivo de su reciente cumpleaños.

Los responsables del colegio Unión Cristiana, donde acudía a clase el menor, han informado a través de terceros de que el profesorado se limitará a acompañar a los alumnos en este trance y a apoyarles, sin ningún tipo de acto de recuerdo u homenaje.

El crimen se conoció este domingo alrededor de las 14 horas, cuando la madre del menor, de 44 años, acudió al domicilio paterno a recoger a su hijo y, al no abrirle la puerta, ha avisado a los servicios de Emergencias.

Cuando una patrulla de la Guardia Civil se ha personado en la vivienda, ubicada en la calle Rafael Hervás, en el mismo centro de Sueca, los agentes han comprobado los hechos y han detenido al progenitor.

El padre fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde permanecerá hasta mañana, cuando sea puesto a disposición del juez.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado tres días de luto oficial y suspenderá cualquier actividad lúdica, mientras que el de Cullera, donde reside la familia materna mantendrá el luto durante las dos próximas jornadas. Ambos consistorios han organizado concentraciones en repulsa por este asesinato esta tarde a las 20 horas.

“No puede volver a ocurrir”

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha reconocidoque el asesinato de este niño es un “fallo flagrante” del sistema, que “no puede volver a ocurrir”.

El asesinato del menor es el primer caso de violencia vicaria registrado este 2022, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor.

La “falta de coordinación” entre los datos del Juzgado de Familia y los del Juzgado de Violencia contra la Mujer ha supuesto un “fallo flagrante que no puede volver a ocurrir”, por eso, ha señalado que desde el Observatorio han propuesto que se establezca un sistema de alertas en los sistemas procesales para que todos los Juzgados de Familia conozcan cuando una mujer ha denunciado y tiene una sentencia condenatoria, porque en estos casos están obligados a suspender el régimen de visitas a los menores.

Así lo señala la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existan indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.

Este fue el caso del menor de Sueca, puesto que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, celebró un juicio rápido contra el hombre y le condenó a ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su exmujer. “Pedimos que la integración informática de estos casos se haga de manera inmediata y cuanto antes para evitar la desprotección de los niños, porque ese niño no tendría que cumplir un régimen de visitas”.

Carmona ha urgido a “tejer la red de protección más tupida posible para que esto no vuelva a ocurrir nunca más” y ha confiado en que cada vez sea mayor el número de niños que estén protegidos gracias a la aplicación de esta ley.

En ese sentido, ha subrayado que, según los datos de la última estadística del CGPJ que hace referencia a 2021, las suspensiones del régimen de visitas se incrementaron un 137 % durante ese año, coincidiendo con la entrada en vigor en septiembre de la ley de protección a la infancia y la adolescencia y, en el último trimestre del año, el incremento superó el 400 %.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ve “inadmisible” que por un problema de comunicación entre juzgados se permita acordar una custodia compartida en una familia en la que existía una orden de protección por violencia de género sobre la mujer. ”A las mujeres que tienen la fuerza de ir a denunciar y que desgraciadamente son muy pocas (el 20 %) no se les puede exigir que hagan todo ellas.

Esta jurista cree que se debe acabar con esa “actitud pasiva” de algunos juzgados. “Tienen que saltar todas las alarmas, pero no saltan”, ha lamentado. Ha denunciado la “resistencia” de algunos jueces a la hora de aplicar una ley “con la que no están de acuerdo” y ha advertido de que sólo se están suspendiendo un 11,7 % de los regímenes de visita, mientras que se deniegan el 28,5 % de las órdenes de protección solicitadas, según los últimos datos del CGPJ.