Mónica Oltra está dispuesta resistir la presión: “Está por demostrar la desprotección de la menor”

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, está dispuesta a resistir la presión. Lo hace convencida de que no tiene motivo alguno para dimitir aunque el juez haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana su imputación en el caso que investiga los abusos sexuales cometidos por su ahora ex marido a una menor tutelada.

En un acto en la localidad valenciana de Sagunto, se ha vuelto a presentar como víctima de una persecución de la extrema derecha y ha negado rotundamente que deba asumir responsabilidades políticas. “Ni hay ilegalidad, ni hay falta de ética en las actuaciones”. Ha llegado a decir que la desprotección de la menor “está por demostrar” argumentando que, por tanto, no hay razón para que tenga que abandonar su cargo. “La dimisión tiene su causa en una actuación de falta de ética o delictiva”, dos aspectos que, “no están en cuestión”.

Una vez más ha dicho que “todo es mentira” y que está siendo víctima de la extrema derecha, que quiere ganar en los tribunales lo que no ha ganado en las urnas. “Así se está demostrando, ¡solo faltaba que tengamos que asumir la responsabilidad por las mentiras que cuentan otros!”. Esto sería, ha enfatizado, sucumbir ante “un acoso y derribo motivado por motivos políticos y con juego sucio”.

Ha considerado que se están “arrastrando como una verdad judicial” una serie de manifestaciones “basadas en especulaciones y no en pruebas”, cuando es “una especulación impropia del principio de taxatividad que debe presidir el derecho penal”, y ha afirmado que hay documentos que constituyen “la prueba que refuta todas las mentiras” que se han dicho.

Sobre la afirmación del juez en su exposición razonada de que ve indicios de la participación de Oltra en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor, esta ha destacado que “no explica qué indicios son”, y lo ha atribuido a que “todas las actuaciones, todos los documentos, todas las personas que han declarado ante el juez, niegan eso, todas”.

Finalmente, respecto a si le gustaría ir a declarar, ha señalado que “no es una cuestión de gusto para nadie”, pero hará “lo que tenga que hacer”. “El juez hace su trabajo y yo hago el mío”, ha concluido.

En el punto de mira

Desde que la Audiencia de Valencia abrió esta causa la presión de la oposición tanto hacia Oltra como a Puig ha ido en aumento.

En estos momentos, hay 13 personas imputadas, entre funcionarios y altos cargos de la Conselleria, que ya han declarado ante el Juzgado número 15 de Instrucción. Tras escucharlas, el juez instructor quiere que Oltra declare, pero no puede hacerlo porque es aforada.

Las críticas, tal y como ha insisido hoy el presidente del PPCV, Carlos Mazón, van ya dirigidas al jefe del Consell, Ximo Puig, a quien exigen la destitución de Oltra.

La sesión parlamentaria de este jueves volverá a colocar a Oltra en el punto de mira. PP y Ciudadanos coincidirá en la pregunta. Cuestionarán a Puig por las medidas que va a tomar para atender las advertencias del Síndic de Greuges, que denunció que el sistema de ayudas «básicas» no funciona.

La principal responsable de esta cuestión es Oltra, por lo que la petición de dimisión está asegurada. Además, Ciudadanos registró una petición de comparecencia del presidente para que conteste directamente en qué situación queda el Consell ante la posible imputación de Oltra.

Por su parte, Vox, que está personado en la causa, interrogará directamente al presidente sobre si va remodelar el Consell por la situación en la que se encuentra la vicepresidenta.

Puig no ha sido demasiado claro en este aspecto. El sábado pidió respeto a los procesos judiciales y se centró en el siguiente paso: que se pronuncie el TSJ que debe seguir varios pasos.

El pasado viernes el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia solicitó formalmente al alto tribunal valenciano que investigue a Oltra para saber cuál fue su participación en un expediente interno que el juez considera una «investigación parajudicial» confeccionada para desacreditar a la menor, según recoge Efe.

En este escrito, el juez considera que «no resulta ya posible progresar en la investigación» sin que la vicepresidenta «sea oída como investigada» y cree que existen «indicios racionales, serios y fundados» de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

Una vez llegue este escrito a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se acordará una diligencia de ordenación en la que se nombrará a tres magistrados para que se pronuncien sobre su admisión. Uno de ellos, que ejercerá de ponente, dará traslado a la Fiscalía, para que se pronuncie sobre la competencia de la Sala y establezca una posición respecto a la apertura o no de una causa.