La Guardia Civil apunta a que Francis Puig contrató al hijo del presidente para cobrar una subvención pública

“¿Puede usted decir en sede parlamentaria alto y claro que no habrá ningún otro familiar en la trama que investiga el juzgado número 4 de Valencia?”. Esta es una de las preguntas que la diputada popular del grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, le ha hecho esta mañana al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. No ha obtenido respuesta.

Anteriormente, ha aludido a la subvención que recibió una de esas empresas y que permitió la contratación del hijo del jefe del Consell, Pau Puig. La bancada del Botànic ha protestado por la alusión. En los pasillos, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha defendido el derecho del hijo del presidente a recibir una ayuda de empleo y ha dicho que, hasta el momento, los socialistas no han hablado de que no les parece “lógico” que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, contrate a su hermana como asesora en el Ayuntamiento de València y se lleve en una legislatura 300.000 euros.

En su intervención Ortiz se ha referido a un informe que la Guardia Civil ha remitido al juzgado que investiga la causa en la que está imputado Francis Puig por supuestamente haber hecho uso fraudulento de las ayudas públicas recibidas.

En este documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Guardia Civil presenta documentación en la que se verifica que Pau Puig fue contratado en Mas Mut Produccions con los fondos que recibe de una subvención dentro del programa Avalem Joves.

La solicitud para obtener dicha ayuda se realiza el mismo día en el que se da de alta en la Seguridad Social. Cuatro días antes, Pau Puig se había dado de alta como demandante en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), una condición imprescindible para optar a la ayuda. Mas Produccions presenta la solicitud dos días antes que finalice el plazo (31 de octubre de 2018).

La Guardia Civil se sorprende de la rapidez con la que encontró trabajo Pau Puig y apunta a que el importe de la subvención obtenida asciende a 18.544 euros. También señala que Mas Mut Produccions es una de las siete empresas que recibieron una ayuda en la citada convocatoria de toda la provincia de Castellón.

Pau Puig, que fue contratado como “redactor de turismo” solo está cuatro meses en el puesto y causa baja voluntaria. Le sustituye otra persona que, según la Guardia Civil, tiene la titulación de “técnico en video disc-jockey”. El puesto debe cubrirse para no perder la subvención concedida.

Batalla política

El socialista Mata, se ha mostrado muy molesto con esta cuestión y ha dicho que la popular Catalá “es muy mala persona” y “es feliz en el barro” tras las alusiones realizadas en el pleno. Ha dicho queel hermano de Puig tiene el 5 por ciento en esas empresas investigadas y la Generalitat es “ajena totalmente” a este caso y que no se le está investigando.

Catalá exigió al presidente que ponga a la Abogacía a trabajar para recuperar el dinero de las subvenciones que se dieron de manera fraudulenta y el grupo popular ha pedido la comparecencia del director general de la Abogacía de la Generalitat para que explique qué criterio sigue para decidir su personación.

Mata ha insistido en que si la Generalitat hubiera dado “subvenciones ilegales” a esas empresas no podría personarse para reclamar el dinero, porque si hubiera dado ayudas “ilegales” la Administración autonómica estaría “acusada o imputada”.

Como ya informó LA RAZÓN, el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar a Francis Puig, en su calidad de administrador de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producción, el próximo día 23 de mayo a las 9.30. Dos días después, también cita a su socio, el empresario Juan Enrique Adell Bovell, concretamente el día 25 de mayo y a la misma hora.

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civilha constatado en las diligencias practicadas que tanto Francis Puig como su socio Juan Enrique Adell han podido presentar facturas cruzadas (de otras empresas del grupo), y otras cuyo pago es dudoso. También facturas de gastos que son dudosamente subvencionables. Considera también la Policía judicial que han podido imputar el ciento por ciento de determinados gastos idénticos en la petición de subvenciones a varias administraciones, por lo que lo subvencionado habría podido superar el importe de la actividad subvencionable, lo cual también supone un fraude.