Los siete jueces que no comparten la “verdad” de Mónica Oltra

La línea roja que marca el comportamiento de la vicepresidenta y consellera de Igualdad del Gobierno valenciano, Mónica Oltra es “la verdad”, según manifestó ella misma a preguntas de los periodistas en su comparecencia posterior al pleno del Consell del viernes. “La línea roja es la verdad. No se ha hecho nada ilícito”.

Pero la poliédrica verdad muestra caras distintas según quien la mire, aunque para la otrora azote de corruptos, “su” verdad sea la única válida y por lo tanto, de asumir responsabilidades, o de dimitir, ni hablamos.

Sin embargo, hay, al menos, siete magistrados y una fiscal (la fiscal superior, para ser exactos) que no coinciden con la verdad de Oltra, y que ven, en algunos casos, indicios de delitos en su actuación y la de su Conselleria; y en otros, que directamente se llevan las manos a la cabeza ante lo que consideran evidencias de que se intentó tapar la conducta del ex marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, desacreditando la versión de los abusos que dio la entonces menor, Maite.

Comenzamos por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, quien por dos veces sentenció de forma condenatoria al ex marido de Oltra. Y lo hizo dos veces porque tras dictar una sentencia condenatoria, la defensa aportó el polémico informe del Instituto Espill en el que se dudaba de la credibilidad de la menor, y el TSJ ordenó que se volviera a juzgar a Ramírez Icardi solo en lo que concernía a la inclusión del citado informe. Por dos veces, la misma sección de la Audiencia, integrada por tres magistrados, emitió dos sentencias unánimes y condenatorias, de fechas 28 de noviembre de 2019 y 23 de marzo de 2021.

Tras el recurso de la defensa, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada también por tres jueces, respalda dicha sentencia íntegramente.

Estos seis magistrados no se podrían computar entre los que no creen “la verdad” de Oltra ya que lo que juzgaron y ratificaron fueron los abusos cometidos por el ex marido sobre una menor. Pero se da la circunstancia de que la propia Audiencia, cuando juzgaba los abusos, ya vio indicios extraños en el proceder de la Conselleria que preside la ex mujer del condenado Icardi. Y en la sentencia quiso subrayar “el marcado sesgo de que adolece el informe examinado en este segundo juicio” -del centro Espill-, y añade que no pasa desapercibido el que “solo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Conselleria que la trataron se la niegan”.

La sala sostiene además que frente a la “absoluta imparcialidad predicable” de la pericia del Instituto de Medicina Legal, el “informe reservado” y el informe pericial del Centro Espill “podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda”.

Por lo tanto, seis magistrados ven muy extraño el comportamiento de la Conselleria y ya apuntan (aunque no les toca juzgarlo) que se puede estar intentando ocultar la responsabilidad de la Generalitat.

Tras la sentencia condenatoria del exmarido, y precisamente por estos párrafos en los que critica contundentemente la actitud de la Conselleria, tanto la menor abusada, -mayor de edad ya en esa fecha-, representada legalmente por un abogado vinculado a la formación de extrema derecha España 2000, presenta denuncia para que se investigue el proceder de la Conselleria. También lo hace la ultraderechista y fundadora de Vox, Cristina Seguí. Tras el archivo inicial de estas denuncias alegando que la sentencia del exmarido aún no es firme al estar recurrida ante el Supremo, la Audiencia unifica las denuncias y ordena al veterano juez Vicente Ríos, de Instrucción 15 que reabra la investigación.

Y es este juez quien se “lleva las manos a la cabeza” y acuña la trascendente frase de que “ciertamente, siempre se podrá aducir que cualquiera puede tener errores en su labor profesional. Pero todos los funcionarios y profesionales intervinientes, a la vez, no. No al menos errores de esta envergadura”.

Este juez, el séptimo que no cree “la verdad” de Mónica Oltra, eleva exposición razonada al TSJ pidiendo que se continúe la investigación contra la aforada en dicho tribunal.

A ellos habría que añadir al menos a dos fiscales. Por una parte, el que sigue el proceso en Instrucción 15 que si bien no se manifiesta sobre la elevación de la causa al TSJ, sí que rechaza el recurso que una de las imputadas presenta contra esta resolución, dando validez de este modo al auto del instructor.

Y por supuesto, y en último lugar, estáel informe de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert,quien no solo ve irregularidades en el proceder de la Conselleria de Oltra, sino que le muestra “su verdad” tipificada en tres delitos: prevaricación, abandono de menores, y omisión del deber de perseguir delitos.

Falta saber con qué verdad se quedarán los magistrados del TSJ, pero todo apunta a que tampoco será la “verdad” de Oltra.