El Gobierno valenciano vuelve a diseñar una “policía lingüística”

Que el Tribunal Supremo anulase 12 de los 16 artículos que conformaban el decreto de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) no ha impedido que el Gobierno valenciano quiera reforzar este organismo antes de que termine su legislatura.

A día de hoy, el objeto de esta entidad se limita a informar a los interesados sobre los trámites que debe seguir para cursar una queja si se ha vulnerado su derecho a usar o ser atendido en valenciano.

Un margen de actuación demasiado estrecho y que el Consell quiere ampliar. De ahí, que decidiese aprovechar el cajón de sastre que conforma la Ley de Acompañamiento para colar una ley que permita volver a dotar de competencias este organismo. La diferencia es precisamente el instrumento legal para sostenerlo.

El PPCV llevó, con éxito, el anterior decreto ante los tribunales y vuelve a mostrarse en contra de esta entidad. La vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV María José Ferrer San Segundo, asegura que los populares derogarán y seguirán defendiendo la legalidad contra la imposición de la que denoniman oficina de «policía lingüística». De momento, ya estudian interponer un recurso de inconstitucionalidad con la firma de 50 diputados o senadores e incluso instando al TSJCV a que presente cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Supremo vació de competencias el decreto de 2017, que sentó las bases de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el que anuló en 2020 la práctica totalidad del articulado y posteriormente la confirmó el el Tribunal Supremo.

Ambos coincidieron en que la regulación que la norma realiza de las actuaciones de la Oficina en materia de reclamaciones y sugerencias no es conforme a derecho porque no prevé la tramitación de un procedimiento administrativo y la consiguiente posibilidad de que sea recurrido o impugnado.

Ferrer San Segundo afirma que esta nueva Regulación del funcionamiento de la ODL se extiende no solo al conjunto de la Generalitat, sino también a las universidades públicas, las Administraciones Locales y la del Estado incluyendo la de Justicia, e incluso a las personas jurídicas de naturaleza privada.

«Pone su foco en la lengua utilizada en comercios o establecimientos de consumo o de turismo de carácter privado, pudiendo declarar esta Oficina la vulneración de derechos lingüísticos, sin establecer la posibilidad de audiencia, defensa y recursos del presunto vulnerador, al que se señalará en una Memoria anual de carácter público».

La popular aseguró que el PPCV no va a tolerar este nuevo fraude legislativo del Consell de Ximo Puig, que no escucha ni respeta a los tribunales.