El PP afirma que el TSJ refuerza su denuncia contra el hermano de Ximo Puig, "creó empresas para cazar subvenciones"

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la imposición de una multa de 16.801,7 euros impuesta en el año 2020 por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a la empresa castellonense Comunicació dels Ports SA, propiedad de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, por una infracción muy grave.

El PP ha informado que aportará esta sentencia al Juzgado de Instrucción 4 que tiene abierta una causa contra el mismo empresario por un posible delito fraude de subvenciones.

La presidenta del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha remarcado que el TSJ vuelve a dar la razón a los populares y deja muy claro que actúan como un cartel y ha aseverado que “todas estas nuevas informaciones vienen a reafirmar lo que siempre hemos denunciado, que se trataba de un entramado de empresas destinado a cazar subvenciones del Consell de Puig y a optar a contratos públicos de la administración que preside el hermano del imputado Francis Puig”.

En este sentido, la diputada popular ha avisado a Puig que “en el caso de su hermano, el tiempo y los hechos van poniendo a cada uno en su sitio. Las excusas ya no valen. Está quedando perfectamente claro que se trata de un conglomerado de empresas cuyo único objetivo era optar a las cuantas más subvenciones y más contratos público sabiendo que tenían impunidad y que no hacía falta ni siquiera hacer bien las cosas”.

“Puig debe de dar explicaciones contundentes, asumir responsabilidades y si no tiene nada que esconder, como se cansa de decir, que aporte y colabore con el juzgado entregando la documentación que se le solicitó hace más de un año”, ha asegurado.

La sanción impuesta por este organismo de la Generalitat se basaba en que la empresa citada había concurrido junto a otras tres mercantiles del mismo sector con ofertas prácticamente idénticas a una licitación para el servicio de recursos audiovisuales de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana.

La presidenta del GPP ha afirmado que “una vez el contencioso administrativo por la multa de competencia se ha resuelto es el momento de que la Junta de Contratación de Estado vuelva a activar el expediente y se resuelva si estas empresas del 'cártel' del hermano Puig puede contratar o no con las administraciones públicas”.

Eva Ortiz ha recordado que “a pesar de estar imputados, las empresas del hermano de Puig han seguido recibiendo subvenciones del Consell que preside su hermano. No hay ningún tipo de pudor por ninguna de las dos partes. Además, en ningún caso y pasar de reconocer en sede judicial que las justificaciones de las subvenciones no estaban bien hechas, el Consell de Puig no ha pedido el reintegro de ninguna de las subvenciones”.

“Queremos llegar al fondo de asunto conocer toda la verdad y saber qué ha pasado con el dinero de los valencianos. Las empresas no pueden llegar final de mes, pero empresas imputadas y que reconocen que non gastan bien el dinero público de todos, siguen recibiendo subvenciones públicas y todo porque son las empresas del hermano del presidente Puig”, ha concluido Ortiz.