Mazón y García-Page se dan una tregua en la pugna por el Tajo-Segura

Entre risas y con buenas palabras es posible hablar de cualquier cosa. Incluso sobre quién diseñó el trasvase Tajo-Segura que lleva décadas generando una enemistad evidente entre dos autonomías limítrofes. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, coincidieron este miércoles en reclamar al Gobierno central el inicio de una nueva etapa en la que el agua sea tratada como lo que es, un bien que no pertenece a nadie.

Porque con matices, ambos piensan lo mismo. Aunque no coincidan ni siquiera en quién ideó el polémico trasvase.

Mientras Page insistió en que se inició durante el franquismo, por lo que nadie podía protestar, Mazón le puntualizó que su diseño lo aprobó el socialista Indalecio Prieto. Y más, mientras Page lamentó que su autonomía no tenga posibilidad de utilizar desaladoras, Mazón tuvo que precisar que el agua de estas plantas no puede usarse, por ejemplo para regar cítricos.

Con todo, hay voluntad de acabar con la eterna pelea que se dirime con demasiada frecuencia en los tribunales porque, como dijo Page, «el agua es de todos». Con esto, admitió Mazón, es suficiente para intentar acordar.

Ambos se reunieron en Requena para firmar un acuerdo en materia sanitaria para derribar las barreras creadas entre ambas autonomías.

El manchego defendió que es necesario que se articule una estrategia nacional para que «no pesen más los votos que los metros cúbicos». Mientras que el alicantino insistió en que la Comunitat Valenciana únicamente reclama que se actúe con criterios técnicos y con voluntad de diálogo en un asunto «complejo».

El agua fue la única nota discordante entre los dos presidentes autonómicos, pues en el resto de cuestiones, incluso en financiación, no mostraron discrepancias. «Me conformaría con que en una negociación nadie consiga mediante chantajes privilegios fiscales porque la financiación no es para Mazón ni Page, sino para las personas».

Por su parte, el jefe del Consell insistió en la necesidad de una reforma urgente del sistema de financiación «para tener las mismas herramientas y condiciones que nos permita garantizar los servicios públicos de nuestros ciudadanos».