El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a la empresa Ticketmaster, gestora de tickets, por presuntas irregularidades en el proceso de venta online de entradas para los conciertos en España de Bad Bunny.

La decisión se ha tomado tras la denuncia que realizó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado martes 13 de mayo, tras recibir quejas de varias asociaciones de consumidores que alertaban del cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra online.

Desde que se conocieron los conciertos que el artista Bad Bunny ofrecerá en Barcelona y Madrid durante los meses de mayo y junio, la locura se desató entre sus fans, que no tardaron en consultar las webs donde se podían adquirir las entradas.

La sorpresa llegó cuando el pasado martes 13 de mayo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció a Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo, al considerar que el cobro de las entradas online estaba siendo “irregular y abusivo”.

Según explicaron, se habían encontraron con hasta tres gastos adicionales al precio inicial de la entrada, no reembolsables: gastos de gestión, donación y cargo vip. La OCU denuncia que repercutan al usuario, y no al vendedor, los gastos de gestión y que la empresa no los considere reembolsables.

Otra de las críticas de la OCU va dirigida a los precios dinámicos, que varían “en función del mercado”, sin que se especifique en qué medida pueden variar y por qué.

De confirmarse el proceso irregular en la venta de estas entradas, estos hechos podrían suponer un incumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras.

La investigación que ahora iniciará el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, se incorporará a un expediente informativo que dicho ministerio mantiene abierto, a través de la Dirección General de Consumo, a varias empresas dedicadas a la venta online de entradas para conciertos y otro tipo de actividades. La intención es recabar datos y documentación para determinar si los cargos adicionales que se imponen en el proceso de contratación a distancia de entradas son conformes a las exigencias legales de claridad, justificación y proporcionalidad.

Dichas exigencias se dieron a conocer en una nota informativa, en julio de 2024. En la misma, Consumo advertía sobre los requisitos que las empresas pertinentes debían cumplir en la aplicación de recargos y otros gastos de gestión en la venta online de entradas, así como sobre la necesidad de evitar prácticas abusivas. En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se han anunciado algunas novedades normativas impulsadas ahora para reforzar esta línea de actuación que exigen para proteger y garantizar los derechos de las personas consumidoras en el entorno digital. En lo referido a la venta online de entradas, el titular de Consumo explicó que se va a incluir de forma expresa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores, la obligación de estas empresas a informar desde el principio cuál es el precio final y definitivo de las entradas, incluyendo los gastos de gestión. Esta obligación entrará en vigor con la próxima aprobación de la Ley SAC (Ley de Servicios de Atención a la Clientela), actualmente en fase de tramitación parlamentaria, y a cuyo texto se ha incorporado esta novedad a través de una enmienda registrada en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE. Otras enmiendas impulsadas por Consumo y que también se han incorporado son las que exigen bloquear las llamadas comerciales no solicitadas, poner coto a las reseñas falsas en plataformas online o evitar la renovación automática de suscripciones online.