El Parlamento asturiano da la espalda a la tauromaquia

La tauromaquia vuelve a ser objeto de debate político. Esta vez ha sido la Junta General del Principado de Asturias la que ha aprobado una proposición que pide al Gobierno central declarar las corridas de toros como maltrato animal. Una iniciativa que ha salido adelante por la mínima y que ha generado un fuerte rechazo entre los defensores de la fiesta, tanto dentro como fuera del Parlamento autonómico.

La propuesta, impulsada por la diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto), contó con el apoyo del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, mientras que el Partido Popular, Vox y Foro Asturias votaron en contra, advirtiendo del riesgo de vaciar de contenido una tradición con siglos de historia y profundo arraigo cultural.

Desde el Partido Popular, José Luis Costillas lamentó lo que considera “un intento de borrar una parte esencial de la identidad histórica, artística y social del país”, y recordó que la tauromaquia está protegida por la ley como patrimonio cultural. Una posición compartida por Carolina López, diputada de Vox, quien defendió el carácter artístico de los toros, su dimensión privada —al no recibir subvenciones en el Principado— y su capacidad de generar actividad económica.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, insistió en que los toros están excluidos de la Ley de Protección Animal, y vinculó el regreso de las corridas a Gijón con el resultado democrático de las urnas, apelando a la libertad del ciudadano para elegir si acude o no a los festejos.

Por el contrario, los impulsores de la proposición consideran que eliminar los toros sería avanzar hacia una sociedad “más justa”, alineada —según afirman— con la Ley de Bienestar Animal. Desde el PSOE, Ricardo Fernández aseguró que el paso se daría dentro de un “marco de consenso y diálogo”.

Pese a que la medida no tiene efectos legislativos inmediatos, sí plantea un nuevo frente para el mundo del toro, que observa con inquietud cómo, desde determinadas instituciones, se busca erosionar el estatus legal de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español. En este caso, el mensaje político es claro: trasladar al Gobierno central la presión para iniciar un cambio legislativo que pondría en jaque una manifestación artística milenaria y legalmente protegida.

La cultura taurina, reconocida y defendida por la Constitución y el Tribunal Constitucional, vuelve a encontrarse en el centro de una ofensiva ideológica que no siempre atiende a la pluralidad de sensibilidades ni a la realidad social y jurídica que la ampara.