El fiasco de la Ley Trans de Irene Montero en el deporte: un ataque al “juego limpio” sin validez internacional

La norma aprobada en el Consejo de Ministro caerá en saco roto al depender de la decisión de las Federaciones que una a una comienzan a plantear el veto a las atletas trans

El Consejo de Ministros Prueba la Ley Trans
El Consejo de Ministros Prueba la Ley Trans FOTO: Twitter larazon

Corren malos tiempos para la “Ley Trans” y es posible que en España quede en saco roto a pesar de haber sido aprobada en Consejo de Ministros y estar lista para pasar el trámite parlamentario. El deporte parece haber iniciado una senda revisionista respecto a las atletas transexuales y la creación de una nueva categoría así como las limitaciones a la edad de transición ya están encima de la mesa de los organismo internacionales que rigen el deporte.

El capítulo V de la norma dedicado a la protección en el ámbito del deporte fue desde el principio de la elaboración de esta ley uno de los puntos más polémicos. Desde el Feminismo se ha opuesto desde el principio a artículos como el que establece que “quedan prohibidos los controles de identidad sexual y/o de género en el ámbito deportivo” por considerar que afectaría a los logros obtenidos por las mujeres en dichas competiciones.

En definitiva, la ley de Irene Montero establece que los deportistas se regirán bajo su propia identidad y no bajo reglas biológicas, lo que según las feministas supone una gran desventaja para las mujeres que no disponen de las mismas condiciones físicas que una atleta que se identifique como mujer, pero su “sexo biológico” sea el masculino. Pero es que además de poder ser una ley que discrimine a las mujeres, según estos colectivos, no tiene ninguna validez frente a las normas que rigen el deporte internacional.

En el artículo 39 del capítulo IV se establecen cuatro puntos que no dejan lugar a dudas y que no han sido modificados:

1. En las prácticas, eventos y competiciones deportivas se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo. Las personas trans extranjeras cuyos documentos identificativos expedidos por las autoridades españolas hayan sido adecuados a su identidad de género, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, podrán participar en función del sexo que conste en esos documentos identificativos.
2. Las personas trans menores de 16 años, aun cuando no hayan rectificado la mención relativa al sexo, así como las personas trans extranjeras que no cumplan los requisitos para interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en sus documentos identificativos, tendrán derecho a participar en las prácticas, eventos y competiciones deportivos de acuerdo con su identidad de género.
3. En las instalaciones deportivas segregadas por sexo se garantizará a las personas trans el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su identidad de género.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del oportuno cumplimiento de las normas que rijan las competiciones internacionales.

En el punto 4 se subraya que lo dispuesto en la norma se entiende sin perjuicio del oportuno cumplimiento de las normas que rijan las competiciones internacionales. Por lo tanto, y a tenor de los reglamentos internacionales, la Ley Montero podría quedarse en un mero brindis al sol, ya que las normas que rigen las diferentes federaciones y organismo primarían sobre ella. Es decir, no sólo provocaría un grave perjuicio al deporte femenino sino que podría ser discriminatoria para el propio colectivo trans, ya que podría darse el caso de que una atleta trans campeona en su disciplina a nivel nacional no pudiera defender su título fuera de España.

Sin validez internacional

En el contexto actual, la realidad es que las altas instituciones deportivas no comulgan, de momento, con la tesis del Ministerio de Igualdad. Así, el último reglamento del COI establecía que quien quiera participar como mujer tiene que declararse mujer, y que no puede cambiar de género al menos durante cuatro años para la práctica deportiva. Además, fijaba en un tope de diez nanogramos de testosterona por mililitro de sangre como el máximo que puede tener una mujer para poder participar en pruebas femeninas. Otras federaciones internacionales como las de atletismo, tenis y ciclismo, son más estrictas aún y han rebajado ese límite a la mitad, cinco nanogramos. Y otras, directamente ya prohíben taxativamente a las transexuales jugar con mujeres.

Numerosas investigaciones científicas e incluso estudios militares ha demostrado las ventajas biológicas de los atletas trans, lo que añade más leña al fuego a un debate que sigue abierto en el deporte y para el que las autoridades olímpicas no han encontrado una solución. En julio de 2021, tras los Juegos Olímpicos de Tokio, el propio COI admitía que “sus pautas actuales para los atletas transgénero no eran adecuadas” y anunciaba una nueva normativa en los próximos meses.

Sin embargo, el resultado no fue, desde luego, el esperado. Bajo el nombre de “Marco sobre equidad, inclusión y no discriminación sobre la base de la identidad de género y las variaciones de sexo del Comité Olímpico Internacional” de noviembre de 2021, el COI suprime los criterios que venía estableciendo y dispone que debe ser competencia de cada federación deportiva “determinar de qué manera un deportista puede tener una ventaja desproporcionada frente a sus compañeros”.

Un veto imparable

En definitiva, serán las federaciones las que decidan si optan por proteger el deporte femenino. De momento, la Federación Internacional de Natación ya se ha pronunciado con su veto a las atletas trans. El Rugby reafirma la postura que ya anunció en 2020 y no permitirá a las atletas transexuales participar en la Liga Internacional ni tampoco la Copa Mundial de la Liga Femenina de Rugby. El fútbol y el atletismo quieren seguir su senda y ya trabajan en un cambio de normas. El “caso Lia Thomas” ha generado un enorme debate que sigue abierto y el veto se antoja ya imparable.

¿De que servirá entonces la ley de Irene Montero? Pues a nivel internacional de nada, un mero gesto político.